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Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía

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Hace más de seis años, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la población desplazada en el país. Figura jurisprudencial que obliga al Estado colombiano a materializar, por medio de políticas públicas, reordenamiento institucional y disponibilidades presupuestales adecuadas, el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Población vulnerable que, en el papel, tiene todas las garantías de protección consagradas en tratados internacionales, leyes y sentencias anteriores, pero que han sido reiterada y estructuralmente violadas durante todos estos años en una actitud de desacato, desinterés y apatía gubernamental ante la mayor tragedia humanitaria y social de todo el continente americano.
Éste Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, no estipula nuevos derechos, ni garantías para la población víctima del despojo y el desarraigo, simplemente evidencia la incompetencia estructural del gobierno para hacer frente a un problema que afecta los derechos fundamentales de más de cuatro millones de colombianos y toma medidas judiciales al respecto, actuando dentro de una competencia ampliada de juez de tutela dada la magnitud de la violación que se presenta. Actuación que pretende proteger a las personas más vulnerables en su mayoría madres cabeza de familia, niños y niñas y con un alto porcentaje de población indígena y afro-descendiente; seres humanos que durante todos estos años han sufrido, en el marco del conflicto armado interno, no sólo la desprotección del Estado, que los llevó mayoritariamente a abandonar sus hogares en el campo para huir a las urbes, sino también la indolencia gubernamental y la falta de voluntad política para restablecerles un mínimo de dignidad por medio del acceso a un conjunto de derechos que les garantizara su subsistencia.
De esa evidencia irrefutable que se constatan en los semáforos, en los escandalosos índices de desplazamiento en los 8 años de seguridad democrática, en las cifras de pobreza e indigencia de las víctimas de este crimen de lesa humanidad y en la actitud mezquina de entidades como Acción Social, dedicadas más a la politiquería que a la atención de las familias caídas en desgracia por la violencia, es que la Corte parte para declarar la anormalidad constitucional y desarrollar el proceso de seguimiento para verificar que, con la sentencia T-025, no pasará lo mismo que con las leyes, las anteriores sentencias y los tratados internacionales de derechos humanos y DIH, que los gobierno elogian en sus discursos pero excluyen a la hora de definir sus prioridades en la política pública.
Los ataques al ECI y la solicitud de su levantamiento
A pesar de la actitud de indiferencia y desprecio que, en estos ocho años, varios funcionarios gubernamentales expresaron por las víctimas del desplazamiento forzado, a las que han llamado sarcásticamente desde migrantes internos (José Obdulio Gaviria) hasta mafias de limosnas del Estado (Fabio Valencia Cossio), los avances realizados durante este período, en el marco del proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia T-025, no son nada despreciables; más, si se comparan con los antecedentes de abandono estatal frente a esta tragedia humanitaria antes de existir la Tutela constitucional especial generada por el ECI.
Pero, sin embargo, son avances que se quedan cortos frente a la gran deuda que el Estado tiene con la población desplazada, y por ende, se constata la incompetencia estructural del gobierno saliente para atender en debida forma el fenómeno del desplazamiento hasta el momento. Por esto, se debe negar la pretensión de levantar el ECI por el supuesto cumplimiento de las órdenes de la Corte y sancionar el desacato de los funcionarios del alto gobierno que desatendieron las indicaciones judiciales. Además, en la prioridad de no retroceder en la configuración de un modelo de país respetuoso de los derechos humanos y responsable por la angustiosa situación de las víctimas del conflicto armado interno, sería un mal mensaje levantar el ECI en medio del proceso de empalme con un nuevo gobierno, que tiene como una de sus principales retos la superación de las condiciones de vulnerabilidad extrema de la población desplazada por la violencia. Más, cuando siendo un problema de incapacidad institucional y de precariedad presupuestal, es el nuevo Plan de Desarrollo y una posible política de Estado para las víctimas el camino idóneo para que, en el marco de la cooperación armónica de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial fijen la forma en que se supere el ECI y se logren los garantías mínimas para la población desplazada.
Con argumentos como la intromisión de la Corte en la política pública, la violación del equilibrio de los poderes, la temporalidad limitada del ECI y su similitud con un estado de excepción pero sin reglamento claro y sin controles por los otros poderes públicos, el gobierno saliente ha desatado una guerra doctrinal contra el ECI y por ende contra los alcances de la tutela social, planteando un conflicto entre el gobierno entrante y el poder judicial que no debe ser tenido en cuenta dado el nuevo aire de cordialidad y cooperación que está construyendo el presidente electo, Juan Manuel Santos.
Para tan sólo dejar planteado el debate podemos afirmar que se equivoca el gobierno al acusar de esa manera a la Corte, ya que, el Tribunal no ha dictado en ningún momento política pública, ha evidenciado su ausencia y ha exigido su adopción con criterios de efectividad para lo cual hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, dados los múltiples desacatos a anteriores sentencias, incumplimiento de la ley y apatía por implementar las disposiciones y parámetros contenidos en múltiples tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tampoco ha prorrogado por capricho o irresponsabilidad el ECI, o se puede inferir que su larga duración es síntoma de ineficacia de la figura, todo lo contrario, esto evidencia la incapacidad del gobierno saliente por superar la situación y cumplir la Constitución y la ley. Menos aceptable es considerar el ECI como una situación que otorga poderes extraordinarios a la Corte, comparándolo con los estados de excepción que concentran poderes en el ejecutivo y permiten restringir derechos, por el contrario, el ECI simplemente desarrolla las funciones del juez de tutela pero con efectos colectivos, dada la magnitud en la violación generalizada de los derechos en el marco de una situación de anormalidad, como es el conflicto armado, que a fuerza de la costumbre hoy se presenta como cotidiano. Por esto, el ECI no concentra poderes en la Corte y mucho menos restringe derechos, por el contrario pretende que no se violen generalizadamente las garantías fundamentales ordenándole al Estado el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Por esto, resulta paradójico que el gobierno saliente, por medio de un informe presentado a la Corte Constitucional el pasado 1 de julio, pretenda no sólo que se levante el ECI frente a los derechos de la población desplazada, aduciendo el cumplimiento total en materia de prevención, protección y atención de las víctimas, sino también, desvirtuar y dejar sin piso la figura jurisprudencial del ECI, con una doctrina liberal ortodoxamente legalista, que colocan por encima del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de la guarda fundamental de la Constitución del 91, que es la principal función de la Corte. Doctrina, por lo demás, ajena al concepto de Estado Social de Derecho, donde una característica esencial es la consideración de los derechos subjetivos colectivos y la integración de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales y, por ende, tutelables.
De ahí, que la nueva postura jurisprudencial de la Corte promulgue por el respeto al Estado Social de Derecho, que ha sido remplazado de facto por otro diferente signado por el neoliberalismo y el economicismo deshumanizado. Sentencias como la que exige el restablecimiento de los derechos de la población desplazada (T-025 de 2004), o la que obliga al acceso al Plan Obligatorio de Salud en igualdad de condiciones para todos los colombianos (T-760 de 2008) o la que ordena la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica (C-376 de 2010) van en la vía de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable en Colombia, y por ende, se convierten en acciones judiciales democráticas que promulgan por la inclusión social por encima de la doctrina neoliberal de la racionalidad del gasto; que, por supuesto, será siempre en la práctica para el gasto social, más no para el militar, el suntuario o el entregado sin consideraciones a los sectores más ricos de la sociedad.

El reto de la seguridad para el nuevo Gobierno Gabriel Bustamante Peña Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía Más allá de mantener militarizadas las carreteras, sostener la red de informantes y las recompensas y consolidar la presencia de la fuerza pública en el [...]]]> Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
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El reto de la seguridad para el nuevo Gobierno
Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía
Más allá de mantener militarizadas las carreteras, sostener la red de informantes y las recompensas y consolidar la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional, no se espera mayor continuidad en las acciones y filosofía de la seguridad democrática uribista por parte del presidente electo Juan Manuel Santos; quien, con su casta familiar, experiencia de tres ministerios -incluido el de defensa en la era Uribe- y el alto conocimiento académico y político adquirido durante largos años, sólo tenía una meta que lo obsesionaba en la vida: llegar a la Presidencia de la República. Por esto, sería absurdo que, ya en el poder, se vaya a dedicar a “cuidar los huevitos de Uribe”, frase que además detesta junto a toda la jerga burda y comportamientos sin “clase” del mandatario saliente. Futuro ex Presidente al que le debe el haber allanado el camino de su victoria, pero que no considera su compañero de viaje y mucho menos su guía espiritual o política.
Para empezar, todo parece indicar que el nuevo gobierno retornará a una política de seguridad que parta del reconocimiento de un conflicto armado y abandone el concepto uribista que reducía todo a una amenaza narco-terrorista, entrando, además, en sintonía con la nueva doctrina de seguridad internacional del presidente Obama que dejó a un lado el concepto de lucha antiterrorista. Por esto, se lee de su propuesta que: “En el 2014 se derrotarán los grupos armados ilegales y se terminará el conflicto armado”. Y más adelante fija mayor distancia con el proyecto de Uribe de venganza a muerte contra las FARC y manifiesta: “No cerraremos la puerta a una negociación con los grupos armados, pero sin impunidad por los delitos cometidos y sin concesiones políticas a los violentos”.
Tampoco es de esperar que Juan Manuel Santos continúe con la política de Uribe de estigmatización contra la oposición política y social y mucho menos que de continuidad a los ataques criminales contra las cortes, los medios de comunicación, las ONG y hasta la comunidad internacional, que cayeron víctimas de la paranoia gubernamental en la extensión de su guerra antiterrorista contra todo aquel que disintiera de su gobierno. Sin embargo, y mientras subsista la ofensiva para el debilitamiento o exterminio militar de las FARC, si se prevé que continuarán los abusos contra la población campesina, indígena y afro inmersa en los territorios en conflicto (capturas masivas, desplazamientos, fumigaciones, etc.), pero con mayor control y veeduría por las violaciones de los derechos humanos, ya que, Santos, se siente obligado a limpiar internacionalmente su imagen por el escándalo de los falsos positivos.
De su experiencia, como el Ministro de Defensa (2006-2009) más exitoso del Gobierno saliente, Santos sabe que el cartucho político de lucha contra las FARC está agotado y que la enorme cantidad de recursos que demanda la guerra (4,6% del PIB) son insostenibles en el tiempo y menos ahora que la prioridad norteamericana está en otro lado y la disminución de la ayuda es inevitable. Por esto, y de la mano de su Vicepresidente Angelino Garzón, amplio conocedor de las FARC y que como gobernador del Valle fue el gran promotor de una zona desmilitarizada de encuentro con ellas en Florida y Pradera, Santos de tener la oportunidad de pactar la paz, la hará; ya que, de conseguirla, marcará su propio sello para la historia de Colombia.
Este escenario, aunque probable en la era Santos, va a tener enormes dificultades. Primero, el mismo Álvaro Uribe y los sectores uribistas, se convertirían en opositores de la iniciativa y la mostrarán como una traición a la Seguridad Democrática; por esto, el discurso de Unidad Nacional con el que llegó Santos al poder no se puede quedar en simple retórica, sino que debe recoger, como lo ha prometido, las iniciativas y apoyos necesarios para lograr una concertación de grandes alcances para el país. Y es desde aquí que toma sentido el llamado de Santos a sectores tan lejanos como el Polo Democrático, que junto al pacto político firmado con un sector mayoritario del partido liberal desataron la ira del mandatario saliente.
Segundo, las mismas FARC no van a ver con buenos ojos un pacto político con un miembro de la “oligarquía” que dicen combatir; además, su reencauche internacional construido sobre los abusos de poder de Álvaro Uribe, las violaciones a los derechos humanos y el aislamiento latinoamericano al que postró a Colombia en sus dos gobiernos consecutivos, les ha dado oxigeno político para seguir en armas con la venia de sectores de izquierda de países vecinos. Ante esto, es de la mayor importancia el trabajo que desde la cancillería se realice para restablecer prioritariamente las relaciones con Venezuela y Ecuador, y posteriormente avanzar en la consolidación de un bloque latinoamericano por la paz en Colombia que incluya a Brasil, Argentina y Perú, entre otros. Santos, si se mueve táctica e inteligentemente, puede construir hoy un escenario propicio para sentar a las FARC a negociar dada su debilidad militar y su probable cercamiento diplomático y social.
Tercero, la justicia internacional y las exigencias de verdad, justicia y reparación; pueden llegar a ser un obstáculo importante a la hora de plantear un proceso de paz, ya que, en el marco del conflicto colombiano son innumerables los crímenes de lesa humanidad cometidos por las guerrillas, los grupos paramilitares (hoy llamados bandas emergentes) y la fuerza pública. Procesos de paz, como en el pasado, bajo marcos de indultos y amnistías, hoy son literalmente imposibles a la luz del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por esto, y bajo un modelo de justicia transicional se deberán construir marcos legales para cada caso específico en la búsqueda de un gran acuerdo de paz donde se incluyan a todos los actores del conflicto (guerrillas, paramilitares y fuerza pública), que de no tenerse en cuenta sus especificidades jurídicas y expectativas políticas y sociales, serán a su vez piedras en el zapato de un posible acuerdo de reconciliación nacional. Acuerdo que deberá reclamar toda
la verdad, exigir la reparación integral de las víctimas y tranzar penas alternativas moderadas en aras de poner fin al desangre de la nación.
Si el nuevo Gobierno quiere lograr la paz -sea por la vía militar, por el diálogo o por una equilibrada dosis de las dos- el gran acuerdo nacional que se propone liderar el presidente Santos no debe dejar por fuera de sus iniciativas a las víctimas del conflicto, que fue una de las mayores falencias de la política de seguridad democrática. Los más de cuatro millones de desplazados, las familias de los desaparecidos, las víctimas de masacres, minas anti-persona, y múltiples violaciones deberán ser tenidas en cuenta para protegerlas, atenderlas, restituirles sus derechos, repararlas y garantizarles que jamás se les volverá a violar su dignidad e integridad humana. También es inaplazable en la búsqueda de la paz, cerrar las enormes brechas de pobreza y miseria que sufre el país, y en esto, el electo presidente Santos se ha comprometido en un ambicioso plan para generar 3 millones de empleos formales y, junto a programas sociales, sacar a 7 millones de colombianos de la pobreza y a 4 millones de la indigencia.
Por otro lado, va a ser una prioridad inaplazable para el gobierno de Santos, hacerle frente a la inseguridad de los centros urbanos y el crecimiento desaforado de bandas juveniles, pandillas y organizaciones delictivas de todo tipo. Combatir de forma radicalmente diferente el problema del narcotráfico, ya que, después de una inversión por parte de EEUU de más de cinco mil millones de dólares desde 2001 y de afectar con las fumigaciones el medio ambiente, la salud y la vida de miles de campesinos colombianos, el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por su sigla en inglés), dice que Colombia es el mayor productor de coca del mundo, con una producción de 149.391 toneladas y 68.000 hectáreas sembradas; y por último, restablecer las relaciones armónicas con la rama judicial, a la cual deberá, además de retornarle el respeto y la autonomía, apoyarla en su fortalecimiento para combatir los altos índices de impunidad que hoy aquejan al país y que son reproductores sociales de la violencia cotidiana.
Como podemos ver, en medio de enormes promesas y grandes retos comenzará el nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto, pero tan sólo con que se abandonen las prácticas criminales de chuzar a la oposición, perseguir y amenazar a los jueces, violar los derechos humanos de los colombianos por la búsqueda irresponsable de resultados, conspirar desde Palacio con representantes de la mafia y colocar los organismos de seguridad al servicio de los intereses del gobernante y no del país, ya habremos avanzado bastante hacia una Colombia más segura y un Gobierno respetuoso de las instituciones y afecto a la democracia.

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José Hilario López Rincón
Abogado Corporación por la Dignidad Humana

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El uribismo, es decir Álvaro Uribe Vélez y su comparsa de bufones, como lo hacen las serpientes, optó por mudar de piel en los estertores de su mandato ilegítimo, ilegal y corrupto. Ahora se arrastran y arrastran al país hacia el abismo de la “unidad nacional” bajo la máscara del santismo.
La gran prensa se ha encargado de crear un falso ambiente de expectativa y renovación, justo apenas para el padre de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente, esa misma gran prensa denomina los más de dos mil asesinatos de jóvenes indefensos cometidos por el heroico Ejército de Colombia.
Amparados en la sombra fascinante de los 9.004.221 votos, logrados por Juan Manuel Santos Calderón en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de mayo de 2010 y presentados como: “votación histórica” o “triunfo contundente”, quieren hacernos creer que el neo uribismo santista es dueño de las mayorías del país y titular de un cheque en blanco que la sociedad colombiana supuestamente les entregó. No hay tal. Las mayorías de la sociedad colombiana siguen siendo las masas indiferentes, desorganizadas y sin rumbo que conforman el abstencionismo en Colombia y llegan al 55.6% del censo electoral (29.983.279 electores). Así las cosas, la “votación histórica”, el “aplastante triunfo” es tan sólo del mísero 33.29% sin adentrarnos en un análisis cualitativo de la votación. ¿En dónde están las mayorías?
Pero no hay que dejarse engañar. El santismo como encarnación del neo uribismo, al igual que las serpientes, escasamente se desprendió de la vieja piel. Por unos días, mientras pasaba el tiempo de las elecciones, hicieron a un lado al genio que inventó la piñata pre electoral llamada: Agro Ingreso Seguro, silenciaron las grabaciones de las “chuzadas” contra magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos; acallaron los insultos contra el poder judicial…Pero nada más. El resto de la serpiente sigue ahí, intacta y desafiante. La columna vertebral del paramilitarismo y sus poderosos músculos, que le permiten moverse, capturar a sus presas y engullirlas, se mantiene. Las glándulas venenosas siguen allí, dispuestas a escupir con sus letales diatribas a quien intente, siquiera, pensar diferente. La peculiar mandíbula que abrió la víbora para tragarse enteros y de una sola tarascada cerca de 50 empresas, liquidadas sin fórmula de juicio, entre las que se destacan Bancafé, Telecom, ISS, Ecopetrol, Ecogás, Granahorrar; Electrificadoras de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander; Caja
Nacional de Previsión Social, Incora, Inat, IFI, Carbocol y Minercol, permanece abierta, dispuesta a devorarse también a la Corte Suprema de Justicia.
Y lo que es peor, deja cientos de huevos incubándose en oscuros rincones de embajadas, ministerios, notarías, institutos descentralizados, el Congreso de la República y, especialmente, tres de ellos, en el tenebroso sótano de la Casa de Nariño, justo detrás de la puerta por donde entró amparado en las sombras de la noche el paramilitar alias “Job”, emisario del otro paramilitar, alias “Don Berna”, para reunirse con Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, secretario jurídico y de prensa de la presidencia, respectivamente.
Juan Manuel Santos Calderón, en plena campaña promesera asumió públicamente el especial encargo de enclocar los tres huevos de Uribe Vélez. Hasta Mockus, renegado visionario, en medio de su delirio “facebookiano” también dijo en su momento estar capacitado para cuidar los fenomenales como manoseados huevos.
A pesar del cambio de piel y hasta de nombre, la serpiente sigue siendo la misma. No importa si se llama uribismo o santismo; si de cariño le dicen “seguridad democrática” o “prosperidad democrática”, o si traman a la opinión con el señuelo de la “unidad nacional”.
Transcurrido escasamente un mes después de las elecciones, se vislumbra que la cacareada “unidad nacional” es un deprimente tropel de famélicas camarillas politiqueras, que no partidos políticos, disputándose a pico y espuela las migajas burocráticas que el neo uribismo santista ha de dejar caer de la mesa del poder. En la rebatiña por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes ya vemos a los avarientos conservadores, los esqueléticos liberales; los opulentos de la banda, que no Partido, de la U; los jactanciosos del Cambiazo Radical y los agazapados del PIN. Esas son las “mayorías absolutas” de la coalición de la “unidad nacional” del neo uribismo santista que gobernará a Colombia durante el período 2010 – 2014, claro, si no les da por reelegirse.
No se puede perder el rumbo. La serpiente cambia de piel, pero el resto de su cuerpo se mantiene. El cambio de piel de la serpiente da cuenta de su buen estado de salud. De ello dan cuenta los últimos episodios.
Para no llamarse a engaños, Juan Manuel Santos Calderón anunció en campaña que propondría que el Fiscal General de la Nación fuera nombrado por el Ejecutivo, es decir por él. Y para no llamarse a engaños, Uribe Vélez anuncia la presentación del proyecto correspondiente antes de terminar su mandato ilegítimo e ilegal. De prosperar semejante exabrupto en una democracia, pero absoluta delicadeza en una tiranía, cruzaremos los límites que separan a un Fiscal de bolsillo y a un Fiscal de entremés. Resulta inimaginable un Fiscal nombrado por Uribe Vélez o por Santos Calderón “investigando” las ejecuciones extrajudiciales, los parapolíticos, las chuzadas del DAS, la olla podrida de Agro Ingreso Seguro.
Como gran cosa, Santos Calderón resucitará los Ministerios de Justicia y del Trabajo, los mismos que Uribe Vélez acabó en su momento.
Luego de la condena en primera instancia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de once civiles tras la retoma del Palacio de Justicia, Uribe Vélez propuso impulsar una ley que permita “proteger” jurídicamente a los miembros de las Fuerzas Militares.
El martes 29 de junio, con el resuello de la agonía del poder sobre la nuca, Uribe Vélez amenazó al país con declarar el estado de conmoción interior para la justicia, supuestamente para frenar el impacto de las bandas emergentes del narcotráfico y evitar la excarcelación de peligrosos criminales. Al final de la tarde manifestó que durante los días siguientes el Consejo Nacional de Política Criminal continuará con el análisis del tema.
Para entender tales reacciones del agonizante régimen de Uribe Vélez debemos saber que en estado de muda, a las serpientes no les gusta que las manipulen y aumentan su temperamento al sentirse vulnerables.
Comprensible, desde ese punto de vista, la irascibilidad del mutante moribundo. Ya de salida se siente vulnerable y sus ojos se han tornado blanco azulado debido a que entre la piel vieja y la piel nueva se forma una sustancia lechosa que facilita el desprendimiento de la vieja piel de ocho largos y vergonzosos años. Los expertos aconsejan no tocar a la serpiente para no dañar la nueva piel.

ULTIMO SENADOR ELECTO DE LA UP MANUEL CEPEDA.

Bogotá D.C. y Washington D.C., 23 de junio de 2010. La Corte Interamericana de

Derechos Humanos, en una sentencia histórica estableció la responsabilidad

internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder

político, comunicador y último senador electo de la Unión [...]]]> CORTE INTERAMERICANA CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL

ULTIMO SENADOR ELECTO DE LA UP MANUEL CEPEDA.

Bogotá D.C. y Washington D.C., 23 de junio de 2010. La Corte Interamericana de

Derechos Humanos, en una sentencia histórica estableció la responsabilidad

internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder

político, comunicador y último senador electo de la Unión Patriótica UP y el Partido

Comunista Colombiano PCC, Manuel Cepeda Vargas. Es la primera sentencia de la Corte,

relativa al homicidio de un líder de oposición en Colombia, en la que además se

aborda el exterminio de la Unión Patriótica. En esa medida, el fallo constituye una

contribución a la construcción de la memoria y esclarecimiento histórico de la

comisión de crímenes de Estado en Colombia.

En su sentencia, el Tribunal Interamericano, consideró que el asesinato del senador

Cepeda, perpetrado el 9 de agosto de 1994, se produjo en un contexto de amenazas y

hostigamientos permanentes por sus posiciones políticas, de desprotección por

parte de agentes estatales y de violencia sistemática ejercida contra la UP, dada

la intención de atacar y eliminar a sus miembros e incluso simpatizantes. Enfatizó

la Corte que en este escenario las declaraciones de funcionarios que vincularon a la

UP y al PCC con las FARC, colocaron a los miembros de la UP en una posición de

mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que se encontraban

(párr.85).

La Corte destacó la importancia de las voces de oposición para la democracia, y la

obligación estatal de generar condiciones y garantías para su real participación en

el debate público. En este sentido, estableció que la ejecución extrajudicial de un

oponente por razones políticas no solo implica la violación de diversos derechos

humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de

Derecho, y vulnera directamente el régimen democrático (párr. 177).

Para el Tribunal, las acciones de estigmatización han recaído también sobre los

familiares del senador Cepeda y los ha expuesto a continuar recibiendo

hostigamientos y amenazas (párr. 209). Al respecto, la Corte valoró los

pronunciamientos emitidos durante la campaña de reelección presidencial de Álvaro

Uribe Vélez en el año 2006 y trajo a colación el pronunciamiento de la Corte

Constitucional Colombiana (T-959) en el que reconoció que la difusión de ciertos

mensajes a través de medios masivos de comunicación menoscabó el buen nombre y la

honra del señor Iván Cepeda Castro, en cuanto hijo de una de las víctimas de la

violencia política del país y que los mencionados derechos también se han violado a

sus familiares (párr. 206).

Aunque el Estado colombiano ya había reconocido parcialmente su responsabilidad

frente a la ejecución extrajudicial del senador Cepeda, la Corte dio por probados

hechos que el Estado se negaba a aceptar, entre ellos la existencia de una

estructura organizada que determinó, planificó y llevo a cabo la ejecución del

senador Cepeda Vargas (párr. 101), en la que habrían participado agentes estatales

como autores intelectuales, así como jefes y miembros de uno o varios grupos

paramilitares (párr. 114), quienes habrían actuado en coordinación para perpetrar el

crimen.

Frente a esta estructura compleja de participación criminal, la Corte determinó que

el Estado colombiano está obligado a desentrañar las estructuras que permitieron

las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias (párr. 118), al

tiempo que determinar los patrones de actuación conjunta y todas las personas que

de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes

responsabilidades (párr. 119). Ello implica atender a la comunidad de prueba

presente en otras investigaciones relativas a asesinatos, hostigamientos y amenazas

de otros líderes, representantes e incluso candidatos presidenciales de la UP (párr.

120).

A propósito del proceso de desmovilización paramilitar y en consideración a la

extradición de varios jefes paramilitares que cuentan con información relevante

acerca del crimen del senador Cepeda, la Corte estableció que el Estado colombiano

tiene el deber de desarrollar con mayor diligencia y coherencia las labores de

individualización, identificación e investigación (párr. 164) de los beneficiarios

del proceso, al tiempo que señaló claramente que la aplicación de figuras como la

extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la

impunidad, en tanto un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a

los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos

mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las

obligaciones pertinentes(párr. 166). Al respecto, el Tribunal Interamericano acoge

la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana en la

materia.

Con fundamento en los hechos probados, la Corte Interamericana determinó la

responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano frente al derecho a la

vida, integridad personal, derechos políticos, derecho de asociación, libertad de

expresión, honra y dignidad, libertad de circulación y residencia, garantías

judiciales y protección judicial del senador Cepeda Vargas y sus familiares.

Finalmente y derivado de lo anterior, la sentencia ordena al Estado colombiano

adoptar una serie de medidas de reparación que incluyen la publicación de la

sentencia, la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la

vida política, periodística y rol político del Senador Cepeda, el establecimiento

por una vez de una beca integral con el nombre de Manuel Cepeda Vargas para

comunicadores y la realización de un acto público de reconocimiento de

responsabilidad estatal en el Congreso de la República, con miembros de las dos

cámaras y de las más altas autoridades del Estado.

Los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de

Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), hacen un llamado al Estado colombiano para que el espíritu de esta sentencia se proyecte en la adopción de garantías de no

repetición, particularmente en la consolidación de un régimen en el que la libertad

de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y la oposición,

gocen de protección, plenas garantías para su ejercicio, y sean concebidos como una

contribución a la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en

Colombia.

Escuela de Cultura de Paz de la UAB

12 a 22 de junio de 2010

COLOMBIA: Finalizados los escrutinios electorales para la Presidencia de la República, que dio como ganador a Juan Manuel Santos, el cual resultó elegido con un programa de continuación de [...]]]> Resumen semanal de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz

Escuela de Cultura de Paz de la UAB

12 a 22 de junio de 2010

COLOMBIA: Finalizados los escrutinios electorales para la Presidencia de la República, que dio como ganador a Juan Manuel Santos, el cual resultó elegido con un programa de continuación de la actual política de gobierno del presidente Uribe, el presidente electo en su primer discurso aseguró que dará un manejo estrictamente diplomático y de respeto a las relaciones con los demás países, al tiempo que planteó que trabajará por la integración latinoamericana como base del desarrollo y del progreso. Numerosos Jefes de Estado felicitaron al nuevo mandatario que se posesionará el próximo 7 de agosto, entre los que destacan los mensajes del Gobierno de España, de Ecuador y de Venezuela, en los que se aboga por la paz tanto en Colombia como en la región. Al respecto el mensaje de la Cancillería venezolana resalta su ofrecimiento para contribuir en la obtención de la paz en Colombia, y una actitud de cautela frente a la eventual reanudación de relaciones de diplomáticas. Igualmente el presidente Rafael Correa, de Ecuador, destacó su disposición a trabajar por unas relaciones fundadas en el respeto a la soberanía y la cooperación, e instó al presidente electo a fortalecer el proceso de integración suramericano, en el marco de la UNASUR. Por sus lados los presidentes de Brasil y de Argentina, Lula Da Silva y Cristina Fernández de Kichner, también invitaron a Juan Manuel Santos a contribuir en la construcción de la UNASUR como región de paz. El Tiempo, El Colombiano, Telesur – Tv, BBC, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 12 – 22/06/10

El Vicepresidente electo, Angelino Garzón, en sus primeras declaraciones a medios de prensa, aseguró que el nuevo Gobierno se esforzará para transitar hacia la paz y la reconciliación, en el entendido que se dará continuidad a la política de “seguridad democrática” del actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez. Dijo además que pide a las guerrillas de las FARC y ELN que tomen la decisión mas revolucionaria, que es ser capaces de pedirle perdón a la población y de expresar públicamente la inutilidad de la violencia para alcanzar fines políticos, como también liberar sin condicionamientos a todos los secuestrados en su poder, como la base para que se de en Colombia un proceso de paz. Entretanto, la senadora Piedad Córdoba pidió al nuevo Gobierno avanzar en un diálogo con las FARC y el ELN, con el apoyo internacional. La senadora insta a la construcción en el inmediato futuro de escenarios y acciones con organizaciones de afrodescendientes, indígenas, desterrados, destechados, ambientalistas, campesinos, sindicalistas, trabajadores formales e informales y todos los demás sectores sociales, que le permitan al país avanzar en la apertura de diálogos con las guerrillas, teniendo a la comunidad internacional como intermediaria y garante. También señaló que la paz es necesaria para la reconstrucción de las nuevas relaciones con los países vecinos, al tiempo que se deben buscar mecanismos que permitan que las víctimas del conflicto sean reparadas. Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 12 – 22/06/10

El representante demócrata James McGovern, uno de los parlamentarios más influyentes en la Cámara de Representantes de EEUU y varios miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (TLHRC), de la que McGovern es su Vicepresidente, enviaron una carta al Departamento de Estado, en la que expresan su profunda preocupación por el incremento de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia y señalan que el Gobierno hace poco por terminar con la impunidad en el país y piden que los responsables de los falsos positivos sean castigados. En entrevista de prensa el parlamentario, asegura que pidió al Departamento de Estado y a la Embajada de su país en Bogotá presionar al Gobierno colombiano para que se investiguen las amenazas y se castiguen a los responsables de los falsos positivos. Dijo, además, que de continuarse las amenazas y la impunidad, podrían afectarse los programas de asistencia, así como los beneficios comerciales y otros asuntos bilaterales. Reveló también que sobre Juan Manuel Santos en su país se le considera como un líder capaz, pero que a pesar de haber promovido el respeto a los derechos humanos cuando fue ministro de defensa, los falsos positivos se dieron bajo su vigilancia, lo cual ha suscitado preguntas y preocupaciones entre muchos miembros del Congreso y del Gobierno de su país. El Espectador, Telesur – Tv, 12 – 22/06/10

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero, propuso al Congreso colombiano la creación de un “grupo de amistad bilateral”, para apoyar el acercamiento entre ambas naciones en su intento de recomponer las relaciones diplomáticas. Esta propuesta tuvo ocurrencia mientras se difundían las declaraciones del presidente Rafael Correa y del Canciller Ricardo Patiño, en el sentido de que la normalización de las relaciones diplomáticas con Colombia, pasaba por que el Gobierno colombiano entregara los discos duros de los computadores incautados, luego del bombardeo de Angostura, a las autoridades ecuatorianas y por advertir que un ataque similar al ocurrido el 1 de marzo del 2008 será respondido militarmente. De otra parte, luego que el Gobierno de Nicaragua otorgara el asilo a Rubén Darío Granda, hermano del dirigente de la guerrilla de las FARC Ricardo Granda, y que el Gobierno de Colombia expidiera el correspondiente salvoconducto, el asilado y varios miembros de su familia viajaron a Managua, desde donde una vez mas señalaron que son objeto de persecución por ser familiares de un insurgente. Darío Granda, quien en Colombia es reconocido como un connotado académico y profesor universitario, había sido señalado por organismos de inteligencia de ser colaborar de las FARC y testaferro para ocultar bienes de propiedad de esa guerrilla, ya había sido exonerado por parte de la Fiscalía al considerar que los señalamientos en su contra no estaban debidamente fundados. Caracol – Radio, CMI – Tv, El Tiempo, El Universo – Ecuador, 12 – 22/06/10

Luego que una Jueza de la República dictara sentencia condenatoria, con una pena de prisión de 30 años, contra el ex coronel Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada de 11 personas, cometidos durante las acciones militares por la retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido hace 25 años cuando un comando del M-19 tomó el edificio haciendo rehenes a los magistrados y personal judicial; se han producido fuertes reacciones por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, y la cúpula militar, quienes consideran que con la sentencia se está castigando a quienes defienden el estado de derecho y premiando a quienes agreden las instituciones democráticas. Estas declaraciones fueron rechazadas por los distintos estamentos judiciales como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, así como también por parte de Cortes Internacionales y defensoras de derechos humanos de la ONU y la OEA, quienes instan al Gobierno a respetar los fallos judiciales y a no ejercer presión contra la Rama del Poder Judicial, quien debe contar con todas las garantías para el ejercicio de su función de manera autónoma y separada de los demás poderes públicos. Por su lado el Gobierno y los Altos jefes militares advirtieron que son partidarios de que se promueva una reforma profunda, que devuelva a los militares el fuero para que éstos solo sean juzgados por la Justicia Penal Militar, como una manera de “blindar” al estamento militar, frente a los excesos de la justicia civil, que lo único a que conduce es a la “desmoralización de las tropas”, cuando tienen de por medio la tarea de derrotar a las guerrillas. Luego de estas declaraciones, se produjo una ola de amenazas de muerte contra la Jueza que profirió la condena, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) otorgó medidas de protección a la Jueza María Jara, y pidió al Gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de la funcionaria amenazada. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, CMI – Tv, 12 – 22/06/10

Finalmente, la plataforma “Somos Defensores” al presentar un balance del año 2009 sobre derechos humanos en Colombia reveló que solo en el mes de mayo del presente año han sido asesinados siete activistas, cuatro de ellos relacionados con desplazados y recuperación de tierras. Al mismo tiempo denuncia amenazas contra mas de 100 organizaciones sociales. Dos días después de presentar este informe, se conoció del asesinato del defensor de derechos humanos Alexander Quintero, en el departamento del Cauca, y las nuevas amenazas contra 30 organizaciones sociales y de derechos humanos. La plataforma asegura que el Gobierno tiene pleno conocimiento de lo que ocurre y exigen medidas efectivas para garantizar la vida y seguridad de los activistas de derechos humanos. El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, 12 – 22/06/10

La juez que condenó a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas utilizó la misma tesis con la que condenaron al ex presidente Alberto Fujimori en Perú. ¿Cuáles son las pruebas que sentencian al coronel y los argumentos de su defensa?

En [...]]]> El fallo del coronel Plazas

La juez que condenó a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas utilizó la misma tesis con la que condenaron al ex presidente Alberto Fujimori en Perú. ¿Cuáles son las pruebas que sentencian al coronel y los argumentos de su defensa?

En noviembre de 1985, el coronel Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, unidad táctica adscrita a la Brigada Trece.

El M-19 se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego el 6 de noviembre de 1985. El holocausto le costó la vida a un centenar de personas. Once sobrevivientes, desaparecieron. Esta semana, frente al edificio de los juzgados especializados de Bogotá, dos grupos de manifestantes de bandos contrarios, se enfrentaron mientras aguardaban que se conociera la sentencia condenatoria al coronel Plazas.

El ejército condujo al Museo 20 de Julio a los rehenes que iban siendo rescatados del Palacio de Justicia tomado. Allí fueron reseñados y clasificados, y a los sospechosos los trasladaron a distintas guarniciones militares.

El abogado Jaime Granados afirma que el coronel Plazas no tuvo el control de las personas que rescató y que el único testigo que lo acusa no existe pues no tuvo oportunidad de interrogarlo.

Existen videos que registran la salida del Palacio de Justicia de personas desaparecidas. Sus familias han conservado su memoria por 25 años.

La defensa de Plazas sostiene que no hubo desaparecidos sino víctimas calcinadas que nunca fueron identificadas y que terminaron en una fosa en el Cementerio del Sur de Bogotá.

En el holocausto del Palacio de Justicia murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y decenas de personas más perecieron calcinadas. Pero apenas ahora, casi 25 años después de lo ocurrido, se produce el primer fallo de la justicia ordinaria.

Hasta ahora, la única culpa por esta masacre se le había atribuido a la guerrilla del M-19, responsable de la sangrienta toma. Pero la semana pasada una juez de Bogotá condenó a 30 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, no por la retoma, sino por la desaparición de 11 personas que el ejército sacó con vida del máximo claustro de la justicia.

El fallo estremeció al país y cayó como un baldado de agua fría en las guarniciones militares y en la propia Casa de Nariño. El presidente Álvaro Uribe y los generales en retiro pusieron el grito en el cielo porque consideran que no tiene ninguna presentación que ex guerrilleros del M-19 estén en la vida pública mientras los militares son condenados.

“Una alianza criminal asesinó a la Corte en 1985 y ninguno está en la cárcel. Ahora condenan a un integrante de las fuerzas armadas que simplemente buscó cumplir con su deber… Duele… da tristeza”, esa fue solo la primera declaración de varias que dio el presidente Uribe.

Pero ese es otro debate. Esa es una discusión política que si bien es importante, no puede hacer perder de vista los pormenores jurídicos del caso. La sentencia de la juez no toca a los del M-19 porque ella estaba investigando estrictamente el caso de los desaparecidos. Ese delito hoy es considerado materia grave por la justicia internacional.
El juicio al coronel Plazas tocó las fibras más sensibles del Estado. Eso se palpaba la semana pasada en los alrededores del edificio de los juzgados especializados de Bogotá.

Una romería, claramente dividida en dos bandos, con carteles y camisetas, se concentró a la espera del fallo. A las cuatro y media de la tarde del miércoles, cuando por fin se conoció la sentencia, hubo una explosión de júbilo entre los familiares que han esperado un cuarto de siglo a que alguien les dé razón sobre lo ocurrido con sus desaparecidos.

Mientras en el otro bando, quienes creen que la condena al coronel es una injusticia, les respondían con arengas: “Los terroristas que se tomaron el Palacio están en el poder y los soldados que defendieron la democracia, en la cárcel”.

La trifulca fue rápidamente disuelta por la Policía que custodiaba el edificio. La fiscal Ángela Buitrago, quien recogió las pruebas para acusar al coronel, tuvo que salir fuertemente escoltada. En el sexto piso, la juez María Stella Jara, sentía el alivio de quitarse ese piano de encima. Ella pasó nueve meses escribiendo el texto de la sentencia, rodeada de un esquema de seguridad que ha sido reforzado tres veces por el incremento de las amenazas. Lejos de allí, en el Hospital Militar, el interno Alfonso Plazas Vega, que presenta un cuadro de estrés nervioso extremo, atendido por una junta médica y vigilado por guardianes del Inpec, fue informado por su abogado Jaime Granados de la sentencia.
Pocas veces una decisión judicial había producido tal revuelo en el país. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 25 años y qué papel jugó el coronel Plazas?

Todo empezó a las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Un grupo de asalto del M-19, fuertemente armado, ingresó a los sótanos del Palacio de Justicia abriéndose paso a bala. Otra fracción de los guerrilleros hizo lo propio, pero discretamente, por la puerta principal. El descabellado plan consistía en tomarse el Palacio a la fuerza y obligar a comparecer al presidente Belisario Betancur para hacerle un juicio público. Pero la reacción de la fuerza pública frustró esos planes.

A los pocos minutos un espectacular operativo militar acordonó el área y una batería de tanquetas blindadas se dispuso al frente del Palacio, en la Plaza de Bolívar. La orden de ingresar y recobrar el control del majestuoso edificio fue trasmitida y ejecutada por el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, adscrita a la Brigada 13. Con el ingreso de los blindados, el ejército logró el control del primer piso y con ello el rescate de centenares de rehenes que eran llevados para ser registrados a la Casa Museo del 20 de Julio, a pocos metros del Palacio.

Lo que ocurrió dentro del Palacio fue el holocausto. Los combates se intensificaron y un incendio monumental que se desató hizo de todo el edificio un infierno. Al final, murieron cerca de un centenar de personas, nadie sabe exactamente cuántas. En el cuarto piso perecieron calcinadas cerca de 60 entre civiles, guerrilleros y destacados magistrados, incluido el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.

Pero afuera del Palacio, según testimonios e indicios, algunos de los sobrevivientes de la toma también sufrieron un infierno por cuenta de la fuerza pública, que los clasificó como “sospechosos” y los trasladó a guarniciones militares donde, según la juez Jara, fueron torturados hasta la muerte. Los desaparecidos son ocho empleados de la cafetería, dos visitantes y la guerrillera Irma Franco, que trató de salir del Palacio como una rehén más.

El fallo dado a conocer la semana pasada, más allá de la importancia que tiene por tratarse de un caso tan emblemático, tiene también un significado especial pues se toma la decisión después de que el expediente pasó décadas engavetado en los escritorios de los investigadores. Poco se había hecho, desde el punto de vista penal, para tratar de esclarecer lo ocurrido ese noviembre sangriento. Hasta ahora solo se han publicado informes de corte académico –dos comisiones de la verdad– sin efectos penales. La última de las comisiones, integrada por destacados ex magistrados, rindió su informe hace apenas unos meses. También se han impuesto sanciones de carácter administrativo y disciplinario por excesos de los militares en la retoma. En cuanto al M-19, todos los guerrilleros que participaron en el ataque murieron, y el grupo como tal fue cobijado por una amnistía y un indulto.

La justicia militar se encargó del proceso penal durante los primeros años y en 1986 exoneró al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Edilberto Sánchez. Unos años después, gracias al abogado de las familias de los desaparecidos, Eduardo Umaña Mendoza, el caso pasó a la justicia ordinaria. Pero cuando Umaña fue asesinado, en 1998, el expediente cayó en el olvido. En 2005 resucitó cuando la conmemoración de un nuevo aniversario del holocausto sacudió el polvo.

El fiscal Mario Iguarán reasignó el expediente a la unidad de delegados ante la Corte Suprema, y le correspondió a Ángela María Buitrago, una acuciosa fiscal, quien determinó que el caso de los desaparecidos configuraba un delito de lesa humanidad y por tanto no prescribía. Por esa época también aparecieron varios videos, publicados por Noticias Uno y Caracol, en los que se ve a dos de los reportados como desaparecidos saliendo con vida del Palacio de Justicia, bajo la custodia del Ejército. Y uno más en el que se distingue salir cojeando al entonces magistrado Horacio Urán, a pesar de que después fue uno de los cuerpos hallados sin vida en el interior del edificio.

La investigación cobró nuevos bríos. En 2006 la Fiscalía vinculó al coronel Edilberto Sánchez, comandante de Inteligencia de la Brigada 13, y seis meses después ordenó la detención del coronel Plazas, quien se había desempeñado como director de Estupefacientes en el gobierno Uribe.

En septiembre del año pasado concluyó su juicio, luego de múltiples audiencias donde se vio de todo: recusaciones y amenazas a la juez, recursos para trasladar el proceso a la justicia penal militar, excusas médicas por parte del ex oficial e incluso una bochornosa pelea en plena calle entre Plazas y manifestantes en su contra. Tras nueve meses de análisis, la juez Jara finalmente emitió su sentencia. ¿Qué fue lo que encontró para condenar a Plazas y ordenar compulsar copias para que se investigue a toda la cadena de mando de entonces, empezando por el propio presidente Betancur?

El fallo, conocido por SEMANA, consta de 302 páginas y se apoya en la tesis jurídica con la que en Perú se condenó a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori, como “autor mediato” de masacres. Es decir, la responsabilidad penal que le cabe a quien se sirve del mando que tiene en una estructura de poder para cometer, a través de subordinados, graves delitos. Con esta misma tesis, en Colombia se han sentenciado a varios parapolíticos.

El fallo sostiene que aunque Plazas Vega no desapareció a los empleados de la cafetería por mano propia, lo hizo aprovechando el poder de mando que tenía. Para acreditar tal mando la juez relaciona declaraciones del presidente Betancur, del ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y del coronel Iván Ramírez, quienes sostuvieron que Plazas fue el real comandante de las operaciones.

Otro hecho muy “significativo” para la juez fue el protagonismo que tuvo el coronel Plazas ante los medios de comunicación a la hora de informar sobre las operaciones. Fue en una de esas intervenciones que pronunció su célebre frase: “¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!”. Aunque el comandante de la Brigada 13 era el general Jesús Armando Arias Cabrales, las intervenciones de Plazas dan a entender que en el terreno él fue el comandante de la operación. El Manual de Inteligencia de Combate, un documento secreto hallado por la Fiscalía, indica que en una operación “solamente el comandante de la Brigada puede suministrar información a la prensa”.

Varios testigos también aseguraron que Plazas estuvo en la Casa Museo del 20 de Julio y sobrevivientes, que según el expediente declararon en esa época, lo escucharon impartiendo órdenes y participando de reuniones privadas con otros oficiales. Eso indica que no podría ser ajeno a la clasificación que allí se hizo de los llamados “sospechosos” que luego fueron trasladados a guarniciones militares, entre ellas la Escuela de Caballería que estaba bajo su responsabilidad directa.

Para la juez, Plazas siempre estuvo informado del traslado de personas rescatadas a la Escuela de Caballería, pues como comandante de esa unidad táctica contaba con un radio con frecuencia compartida con sus hombres y con los otros oficiales de mando. En el expediente está la transcripción de esos audios en los que subalternos suyos coordinan el traslado de “sospechosos” a la Escuela. El coronel “era conocedor de lo que acontecía con ese grupo de sobrevivientes”, dice la sentencia.

Un segundo elemento importante en el fallo de la juez es que le dio total credibilidad a la declaración de Édgar Villamizar Espinel, un suboficial retirado que aseguró haber participado de las operaciones como parte de un grupo de Granada (Meta) que fue llevado para reforzar la retoma militar. Según Villamizar, alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacer con los sospechosos y este respondió: “Cuelguen a esos hijueputas”. El testigo afirma que pudo oír y darse cuenta de los vejámenes que sufrieron los sospechosos llevados a la Escuela de Caballería. “Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Yo me alcanzo a recordar bien, bien, bien, de la que primero se trajo: le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie”. Según ese relato, los excesos produjeron la muerte de varios sospechosos que habrían sido sepultados en la pesebrera.

El testimonio de Villamizar llegó al proceso hace poco más de un año y coincide con otros elementos que obran en el extenso expediente desde hace décadas. Por ejemplo, con un casete que misteriosamente desapareció y que registraba el relato de agentes del B2 del Ejército que participaron de la retoma del Palacio. En esta grabación –que consta en el expediente desde hace décadas– se afirma que una decena de personas rescatadas no brindaron una explicación convincente de por qué estaban en el Palacio de Justicia y “fueron conducidas hasta la Escuela de Caballería del Cantón Norte y de la Brigada”.

A través de llamadas anónimas, a las familias de los desaparecidos les dieron la misma información días después del holocausto. En sus declaraciones de esa época quedó registrado así como las respuestas que recibieron en las guarniciones militares. “Que no molestara más y que dejara de estar indagando por personas que no valían la pena porque eran guerrilleros y asesinos”, fue la respuesta que obtuvo en el Cantón Norte el padre del desaparecido Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, según testimonio que dio en la época de los hechos.

La defensa del coronel Plazas ha rechazado de manera tajante la decisión de la juez y en particular ha puesto en tela de juicio al testigo Villamizar. Jaime Granados, abogado de Plazas, anunció que apelará la sentencia pues considera un despropósito que se condene a 30 años de cárcel a un “coronel de la República” basados en la versión de “un falso testigo”. Granados sostiene que la declaración de Édgar Villamizar fue ilegal porque se tomó sin que la defensa estuviera presente. “No sabemos si existe, no hay siquiera certeza de su nombre porque en el expediente aparece como Villamizar y como Villarreal”. El testigo hace hoy parte del programa de protección de la Fiscalía.

Durante el juicio, el apoderado del coronel intentó demostrar que no es verdad que existan desaparecidos del Palacio de Justicia. Según esa versión todos murieron calcinados y sus restos deben corresponder a una decena de cuerpos que terminaron sepultados en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. En agosto de 1996 se practicó la exhumación de esa fosa y los dictámenes forenses concluyeron que solo uno de los cuerpos extraídos de allí correspondía a un desaparecido. Pero no se hallaron huellas de los otros once. La tesis de que no hay desaparecidos quedó aún más sin piso luego de que aparecieron los videos y de que la Comisión de la Verdad dijo este año que “no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada”.

En los alegatos del juicio la defensa de Plazas admitió que la guerrillera Irma Franco salió con vida del Palacio entre los rehenes rescatados por la fuerza pública, pero que su desaparición no es responsabilidad del coronel pues este no tuvo control sobre la gente que iban rescatando. Plazas afirmó que los mismos videos con los que trataban de inculparlo muestran que la gente rescatada era conducida al museo por soldados con uniforme camuflado, o sea que no eran sus hombres de la unidad táctica de Caballería, cuyo uniforme era habano con casco.

La Procuraduría, que en el juicio pidió absolver a Plazas, también anunció que acudirá al tribunal superior para tratar de anular la sentencia de la juez Jara.
Este fallo no es, como se puede creer, el punto final del caso. Por el contrario, puede ser apenas el principio de una investigación que en otras circunstancias debió hacerse hace más de 20 años. Lo mejor que pueden hacer los implicados, sobre todo en estos tiempos de justicia globalizada, es dejar que la justicia colombiana cumpla su tarea.

Por: Alfredo Molano Bravo

UN GRAN SECTOR DE LA ELITE DE LOS grandes negocios quiere que al aeropuerto se le deje el nombre que tiene, el de la tierra legendaria donde los nativos se bañaban con oro.

Artículo publicado en El Espectador el domingo 13 de junio

La leyenda de El Dorado tenía patas: en el primer siglo, [...]]]> Condicionamientos

Por: Alfredo Molano Bravo

UN GRAN SECTOR DE LA ELITE DE LOS grandes negocios quiere que al aeropuerto se le deje el nombre que tiene, el de la tierra legendaria donde los nativos se bañaban con oro.

Artículo publicado en El Espectador el domingo 13 de junio

La leyenda de El Dorado tenía patas: en el primer siglo, los conquistadores se cargaron unos 200.000 kilos de oro, la mayoría de la Nueva Granada, a costa del casi exterminio indígena. El mito llevó a los conquistadores a esculcar el territorio de arriba abajo, y a los paisas, en el siglo XIX, a buscar por todas partes el tesoro de Pipintá al sur de Abejorral. La búsqueda de minas y de recursos fabulosos no cesa. El país se halla fotografiado desde los satélites centímetro a centímetro; las grandes compañías mineras saben dónde está el oro, el petróleo, el carbón, el agua; y lo peor, casi toda esa riqueza está concesionada. Las garantías que el gobierno actual otorga se pueden medir en el desaforado gasto militar para cuidar los enclaves y en las gabelas tributarias a los inversores. Sin duda detrás de esta política están quienes quieren que al aeropuerto se le siga llamando El Dorado, como quien le pone a una casa: Se vende. La nueva política económica del gobierno actual —y la del siguiente— es la de abrirse de patas a las multinacionales de la minería, del petróleo y ahora del agua. Están listas instalando entables con todos los fierros en los páramos, las cordilleras, las selvas, las costas, gigantescos depredadores del tamaño y brutalidad de la Anglo Gold Ashanti, la Greystar Resources, la Gran Tierra Energy, la Esmerald Energy  la BHP Billiton, Aguas de Barcelona, la Anglo American, la Coca-cola, la Drummond, la Intercor, y la B.P., cuya obsesión por el oro negro se constata en el criminal derrame de crudo en el golfo de México. Una de las garantías que estos monstruos exigen para sacar el oro, el petróleo, el carbón, el agua, el níquel es la flexibilidad laboral o ley del embudo, donde todas las ventajas son para los patrones y todas las limitaciones son para el trabajador. Es tan rentable el modelo que liquidó el código laboral. La resistencia a estas normas —jornadas de trabajo ilimitadas, salarios por debajo de la inflación, desconocimiento de prestaciones y fuero sindical— es el secreto del asesinato de sindicalistas. A bala han impuesto las condiciones de trabajo. Dos mil o más muertos por esta causa. Tantos, que hasta los Demócratas, quizás previendo una especie de dumping originado en los bajos salarios, protestan y no dejan pasar el TLC. La Confederación Sindical Internacional, la más fuerte organización obrera del mundo, de la que hacen parte millones de trabajadores, ha publicado otra de las estadísticas que, con las de corrupción e impunidad, se nos conoce: el año pasado de 101 sindicalistas asesinados, 48 eran colombianos. El Gobierno puso el grito en el cielo: ¡No son 48, son 28! ¡Qué logro! Así, seguimos siendo —con cifras oficiales en mano— el país donde matan más sindicalistas.

Políticas todas, por supuesto, bien cuidadas por las fuerzas del orden. Fuerzas que según el Gobierno deben ser blindadas por un fuero especial —este sí— que impida que el código penal, que rige para civiles, juzgue asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas y demás delitos atroces que el país bien conoce y mucho ha sufrido. El fallo de la valiente juez Jara, que declaró culpable por desaparición forzada al coronel retirado Plazas Vega, le ha dolido a Uribe. Las Fuerzas Militares terminarán declarándole la guerra al juzgamiento de militares por jueces civiles. Los falsos positivos serán eliminados por esta vía. El Derecho Internacional Humanitario fue redactado en Suiza y no en el río Putumayo, ha dicho algún general. Si por él fuera, el aeropuerto debería llamarse Yair Klein.

Nota: Al M19 se le dio la amnistía a cambio de que se acogiera a la Constitución. No estaría mal que a los militares, por simetría, se les pusiera idéntica condición

• Alfredo Molano Bravo

Artículo publicado en Revista Semana el Sábado 12 Junio 2010

La actividad petrolera está en pleno fervor. El país está a punto de romper todas sus marcas en materia petrolera. Muchos se preguntan qué va a pasar con el ‘boom’: adónde irán a parar las regalías y qué pasará con lo que [...]]]> ¿Bonanza negra?

Artículo publicado en Revista Semana el Sábado 12 Junio 2010

La actividad petrolera está en pleno fervor. El país está a punto de romper todas sus marcas en materia petrolera. Muchos se preguntan qué va a pasar con el ‘boom’: adónde irán a parar las regalías y qué pasará con lo que los expertos llaman la ‘enfermedad holandesa’. Los habitantes del puerto de Coveñas se sorprendieron a finales del año pasado con la llegada del buque Front Crown, uno de los transportadores de petróleo más grandes del mundo, capaz de llevar dos millones de barriles de crudo. La embarcación llegaba por primera vez al país a cargar un millón de barriles para llevárselos a la firma india Relliance, producto de una venta de Ecopetrol. Esta clase de operaciones, por su magnitud, nunca se había realizado en Colombia; pero desde agosto del año pasado, la historia cambió y ahora es una operación habitual. La noticia ilustra cómo han cambiado las cosas en la industria petrolera colombiana, que ahora vive una nueva época de auge: la producción está disparada, el crudo a buen precio y la principal firma, Ecopetrol, conquistando mercados en el lejano oriente. Todos los indicadores del sector son muy positivos. Colombia cerrará 2010 con una producción tope de casi 800.000 barriles diarios y se espera que antes de terminar 2011 llegue hasta un millón de barriles por día, según lo señaló el ministro de Minas, Hernán Martínez. Será el nivel más alto de producción de petróleo jamás visto en el país. Hoy la industria petrolera representa casi el 40 por ciento del valor de las exportaciones colombianas, según las más recientes cifras del Dane. El año pasado, Colombia le vendió al mundo 10.268 millones de dólares en petróleo, y en el primer trimestre de este año ya va en 3.546 millones. Y aún falta mucho por verse, pues la actividad exploratoria marcha a toda máquina y las expectativas por nuevos descubrimientos son altas. Como si esto fuera poco, el próximo 22 de junio tendrá lugar una nueva ola de adjudicación de contratos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas realizarán una ronda para adjudicar 225 bloques en todo el país. A la competencia asistirán 50 compañías de todas las tallas y de todos los países. Con este proceso se abre una nueva frontera de exploración y evaluación técnica en 47 millones de hectáreas, donde están incluidas inmensas zonas en San Andrés, La Guajira, el golfo del Urabá, Chocó, Valle, Cauca y el océano Pacífico. Si se adjudica la mayor parte de los contratos, Colombia tendrá actividad con fines petroleros en prácticamente la mitad de su territorio. Es un hecho sin antecedentes. Sin embargo, es necesario prender las alarmas por lo que este auge de producción y exploración implica para el país. Hay riesgos evidentes, y de no ser precavidos, los colombianos podrían convertir el sueño de un nuevo boom petrolero en una pesadilla. Las preocupaciones surgen de dos temas: primero, el manejo de las multimillonarias regalías que va a generar la bonanza y, segundo, el riesgo de que se presente en el país lo que los economistas han llamado la ‘enfermedad holandesa’. En lo que se refiere a las regalías, es claro que el país no ha hecho bien la tarea. Durante este gobierno (2002-2009) han sido girados casi 29 billones de pesos por este concepto, la mayor parte apenas a ocho departamentos. Solo en 2009, las regalías llegaron a 5 billones de pesos. Muchos de esos recursos han ido a parar a elefantes blancos como plazas de toros, estadios o piscinas con olas, inversiones suntuosas en regiones en las que los niveles de necesidades básicas insatisfechas son muy altos, como los llanos orientales y la costa. Por eso vale la pena preguntarse qué van a hacer los mandatarios locales cuando la producción haya crecido 30 por ciento, como se espera que ocurra en los próximos tres años, y a un precio relativamente alto y estén recibiendo muchas más regalías que hoy. El país no puede dejar que ese barco siga su marcha, pues la frustración puede resultar mucho más grande. La salida, sin lugar a dudas, es una reforma de fondo a la Ley de Regalías. Durante este gobierno se hicieron por lo menos tres intentos, pero nunca prosperaron porque el Congreso no le cogió la cuerda al tema. Allí el reto es para el nuevo gobierno. De ser necesario, la nueva norma debería incluir criterios centralistas para la administración de los recursos, pues evidentemente muchas regiones han fracasado en llevarles prosperidad y desarrollo a sus habitantes. La otra preocupación por esta bonanza petrolera es un extraño mal que aqueja a los países exitosos en exportar el crudo. Se llama la ‘enfermedad holandesa’. Esta definición fue acuñada cuando, a mediados de los 70, los Países Bajos tuvieron un boom en la exportación de hidrocarburos. Esto hizo que los ingresos de esos países se dispararan, lo que terminó generando una revaluación del tipo de cambio. El resultado final fue un golpe a la competitividad de las otras industrias no petroleras. Lo que se ganó por las exportaciones de hidrocarburos se perdió por cuenta de la quiebra de muchas firmas que no pudieron sobrevivir y el consecuente incremento del desempleo y la pobreza. Ese es el temor frente a lo que pueda pasar con Colombia. Actualmente, el mercado nacional tiene un exceso de divisas explicado por el boom de inversión extranjera y la recuperación de las exportaciones. Así que la amenaza no es un asunto de ficción sino un peligro inminente. Esta semana el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, señaló que el país podría llegar este año a 40.000 millones de dólares en exportaciones. Por otra parte, el flujo neto de inversión extranjera ha estado entre 7.000 y 8.000 millones de dólares por año, la mayor parte de este para el sector petrolero. Todo ello muestra una enorme confianza en la economía del país, pero también una realidad innegable: que van a seguir llegando dólares por montones, lo que significa una enorme posibilidad de revaluación del tipo de cambio y un golpe para las compañías exportadoras no petroleras. Todos estos son ingredientes naturales de la ‘enfermedad holandesa’. El remedio parece ser muy sencillo. Se trata de definir una ‘regla fiscal’, que no es otra cosa que imponerle al gobierno una cuota fija de ahorro cada año, mientras haya bonanza, para utilizar esos dineros en épocas de crisis. Así lo hicieron Noruega, que tiene su fondo de estabilización del petróleo, y Chile, con los ingresos por cobre; de hecho, ahora que se presentó el terremoto en territorio austral, buena parte de la recuperación y reconstrucción se financiará con los cerca de 25.000 millones de dólares que ahorró en los años de auge. Pero el tema no ha sido de fácil resolución al interior del gobierno y sus técnicos. De hecho, hace 15 días se anunció una rueda de prensa para revelar el contenido de la nueva regla, pero el evento fue aplazado porque no hay consenso sobre cómo ponrla en marcha. El asunto es que las cuentas no cuadran. Si bien la regla fiscal es necesaria por los billonarios ingresos que va a tener el país, la otra cara de la moneda es que el gobierno también va a seguir gastando mucho. Y allí es donde el círculo no cierra: ¿Cómo ahorrar recursos si lo que el país necesita es seguir gastando para modernizar su infraestructura, sostener una creciente nómina oficial, especialmente por el aumento en la fuerza militar, y cubrir los mayores gastos en seguridad social por pensiones y salud? Si no se toman otras medidas aumentando los ingresos o reduciendo los gastos, la regla fiscal podría terminar siendo un saludo a la bandera. Es claro que el país hizo muy bien en impulsar el sector petrolero, y ahí tanto el ministro de Minas, Hernán Martínez, como su antecesor, Luis Ernesto Mejía, y el presidente de la ANH, Armando Zamora, se merecen todos los aplausos. Pero si no se toman las medidas para prevenir los riesgos, la suerte de Colombia podría complicarse.

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La violación de todos los de la infancia en el conflicto armado

Bárbara González Medina

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Opiniones sobre este artículo escribanos a:

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La violación de todos los de la infancia en el conflicto armado

Bárbara González Medina

Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía

El 20 de mayo fue entregado el reporte anual por el Secretario General al Consejo de Seguridad en el tema de niñez y conflictos armados. En éste reporte se reconoce que hay información incompleta, pero a la vez se considera un gran avance en la recopilación de datos con respecto a investigaciones cuantitativas anteriores. En este sentido importa destacar la advertencia que señala sobre la dificultad persistente en la determinación exacta de las repercusiones de los conflictos armados sobre la infancia, recalcando que en el mundo cerca de 1.000 millones de niños y niñas menores de 18 años viven en países afectados por conflictos armados, y que en el 2006, 18.1 millones de niños y niñas vivían en condiciones de desplazamiento1.

Indica que en el conflicto armado los niños y niñas son blanco de violaciones a sus derechos, causándoles la muerte y lesiones físicas y mentales, presentándose en ese marco de conflicto que los menores víctimas no puedan crecer con las necesidades emocionales y materiales satisfechas, viviendo rupturas de su vida social, el quebrantamiento de las instituciones, la tensión al interior de sus comunidades, el derrumbe de la autoridad política y legal, la eliminación de los servicios básicos y de la protección social. En definitiva una serie de situaciones que afectan para el resto de sus vidas.

Estos menores son víctimas de ataques indiscriminados, muchos mueren, mientras otros son víctimas de delitos de violencia sexual, de enfermedades, de hambre y desnutrición, o de la explotación como combatientes.

Cualquiera que sea su victimización, estos niños, niñas y adolescentes víctimas de conflictos armados tienen más posibilidades de ser pobres, de encontrarse en estado de desnutrición, de estar con mala salud y de no acudir a las escuelas, frente a los niños y niñas que no padecen este flagelo. Y en la mayoría de los casos les implica el tener que trabajar para menguar las dificultades que afrontan sus familias, induciéndolos a vivir en la calles, a dejar de estudiar, realizar trabajos sexuales y otras actividades que atentan contra su protección y cuidado.

El Secretario General de las Naciones Unidas en el 2005 a través de un informe periódico sobre los niños y los conflictos armados, señaló seis graves violaciones contra la infancia:

- Matar o mutilar a los niños y niñas: constituye acciones cuya consecuencia sea la muerte o graves lesiones físicas como cicatrices, mutilaciones, entre otras.

- Reclutar a niños, niñas y jóvenes como soldados por fuerzas armadas y grupos armados: se entiende por reclutamiento “la conscripción o alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños en cualquier tipo de fuerzas armadas o grupos armados organizados”2 Estos menores en muchos casos son amenazados si tratan de huir, en otros casos se enfrentan a obstáculos para llevar a cabo una transición de la vida militar a la civil.

- Atacar hospitales y escuelas: acabar total o parcialmente estas instalaciones u ocuparlas, dañando las propiedades y afectando a los trabajadores sanitarios. Según los informes uno de los países más afectados por ataques contra la educación es Colombia.

-Violencia sexual: es utilizada como táctica de guerra, siendo grave la impunidad de los perpetradores de estos delitos, afectando principalmente a las niñas y a las mujeres jóvenes que al quedar sus familias en lamentables condiciones de pobreza acceden a la explotación sexual.

-Secuestrar a los niños y niñas: el secuestro temporal o permanente puede tener como fin el reclutamiento, la explotación sexual, el trabajo forzado, la toma de rehenes, adoctrinamiento y la entrega de información. En este delito Colombia es un país del que se cita casos conforme al informe más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas.

- Denegar el acceso humanitario: es una grave preocupación en materia de protección, consiste en el bloqueo del tránsito y distribución libre y oportuna de asistencia humanitaria a la población afectada. En el informe del 2007 el Secretario General sobre los niños y los conflictos armados indicó que en países como Colombia presentan restricciones al acceso humanitario. Siendo preocupante al aumento de amenazas y actos violentos contra los trabajadores humanitarios 3

Otras violaciones durante y después de los conflictos que se señalan son:

- La tortura y otras formas de malos tratos.

- Desaparición forzada de los niños y niñas después de su secuestro o detención, específicamente en Colombia La Watchlist on Children and Armed Conflict señaló que desde finales de 1990 hasta los primeros años de esta década los grupos paramilitares cometieron este delito contra niños y niñas.

- Detención administrativa, el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos en el 2007 mostró su preocupación en el caso colombiano ante la detención de niños por medio de un proceso administrativo no garante de un juicio justo.

- Desplazamiento forzado, que aumenta los riesgos de los menores a otras violaciones, sometidos a situaciones de pobreza y precariedad, dificultando el acceso a derechos como la educación y la salud.

- Explotación y abusos sexuales, los niños son vulnerables a la violencia por motivo de género, además que las condiciones de pobreza y supervivencia para las niñas las lleva a verse sometidas a explotación sexual y prostitución forzada, entre otros.

- Trabajo peligroso, ocurre cuando los actores armados ilegales buscan fuentes de ingresos usando a los niños para que realicen actividades peligrosas que los pone en situación de riesgo, siendo las peores formas de trabajo infantil la trata, la esclavitud, la servidumbre por deudas, reclutamiento forzoso, la prostitución, la pornografía, producción y tráfico de drogas 4.

En el caso colombiano y específicamente frente al Desplazamiento forzado, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008 (que se refiere a la Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004) reconoce a los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, como sujetos de protección constitucional imperativa y obligatoria, conforme a la Constitución Política de 1991, artículo 44 que dispone los derechos fundamentales de los niños, el artículo 45 superior que consagra el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes, más lo pertinente a las obligaciones internacionales sobre protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En este Auto se indica que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado son menores de edad. Una alta cifra que se explica por la misma dinámica del conflicto armado colombiano, en el que las víctimas sobrevivientes son mayoritariamente mujeres y niños. Pero también se explica por los riesgos especiales en los que se encuentran los niños y niñas, convirtiéndolos fácilmente en víctimas de crímenes contra su vida e integridad física, reclutamiento forzado, de minas antipersonal, de comercios ilícitos, violencia sexual sobre todo en las niñas y adolescentes, entre otros.

También indica la Corte que los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son afectados diferencialmente del conjunto de la población desplazada, de riesgos graves como maltrato, violencia, explotación, la trata, la mendicidad, comercio ilícito, pandillas; problemas de desnutrición y hambre; problemas de salud; problemas en la educación; problemas en la recreación; problemas en la participación y organización; problemas en el ejercicio de sus derechos como víctimas. En todo esto es precaria la respuesta del Estado, presentándose una mayor afectación en la etapa de emergencia del desplazamiento forzado; en la primera infancia; en la adolescencia; en las niñas y adolescentes; en los niños, niñas, adolescentes de grupos étnicos; y en los menores con discapacidad.

Con base en lo anterior, es necesario como lo indican las Naciones Unidas y la Corte Constitucional, abordar el conflicto armado desde un enfoque diferencial.

Pero también es preciso reconocer que hay mucho por hacer contra la impunidad histórica, jurídica y social que rodea al conflicto armado colombiano en el que se violan todos los derechos de la infancia.

NOTAS

1. UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 19.

2. UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, P. 21

3. UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 18 – 24

4. UNICEF “Examen estratégico 10 años después del informe Machel: la infancia y los conflictos en un mundo en transformación”, New York, 2009, Ps. 24 – 26.

COLOMBIA: Luego que se conociera en el país el resultado de los fuertes combates entre tropas de la Infantería de Marina y las guerrillas de las FARC, en área rural del municipio de Solano, Caquetá, arrojando un saldo de nueve militares muertos y un desaparecido, se produjo la sorpresiva dimisión del [...]]]> Boletin semanal Escola de Pau

COLOMBIA: Luego que se conociera en el país el resultado de los fuertes combates entre tropas de la Infantería de Marina y las guerrillas de las FARC, en área rural del municipio de Solano, Caquetá, arrojando un saldo de nueve militares muertos y un desaparecido, se produjo la sorpresiva dimisión del Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, la que podría estar motivada por el descontento del Ejército con el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quien presuntamente ha mantenida una postura ambigua sobre la responsabilidad de los militares en los casos de los “falsos positivos”, permitiendo con ello el enjuiciamiento de cientos de militares. El alto oficial hace dos semanas había transmitido a todos los generales del Ejército su intención de renunciar a su cargo, decisión que solo comunicó recientemente al presidente Álvaro Uribe, lo cual generó malestar en el mandatario. A esta situación se suma la carta que varios ex generales enviaron a los candidatos a la presidencia de la República, en la que expresaban “el sentir de los militares en activo”, en ella protestaron por el procesamiento de sus compañeros de armas por jueces civiles lo cual ha afectado la moral de las tropas. Esta desmoralización también ha estado asociada a la ausencia de éxitos militares en la lucha contra la guerrilla en los últimos meses. Los militares siempre se han considerado como “un poder fáctico” que debe ser respetado y reclaman que les sea devuelto el ejercicio de la Justicia Penal Militar, para juzgar a sus miembros. Por su parte el general Padilla de León ha asegurado que su renuncia solo está motivada en la necesidad de renovación de la cúpula militar, situación que deberá encarar el ganador de las elecciones presidenciales a partir del 7 de agosto. Entretanto, el Secretariado de las FARC, en comunicado público con motivo del 46º aniversario del surgimiento de esta organización, cuestiona a todos los candidatos a la presidencia por esquivar la paz como una política nacional y por prometer la prolongación de la guerra, a través de la política de seguridad democrática que ha impulsado el gobierno del presidente Uribe, la cual ha resultado en un total fracaso, por cuanto no logró el propósito de aniquilar a las guerrillas pero si sirvió para hacer mas agudo el conflicto, escenario donde las Fuerzas Armadas cometieron graves desafueros, crímenes y violaciones a los derechos humanos. La guerrilla de las FARC concluye invitando a los electores a no acudir a las mesas de votación el 30 de mayo, al tiempo que reiteran su compromiso con “la paz democrática como condición esencial para la reconstrucción y reconciliación de todos los colombianos”. CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Público – España, Caracol – Radio, Anncol, 22 – 27/05/10
El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, anunció que se están ultimando los detalles para enviar a Afganistán un contingente de 50 militares antes de agosto. Los militares colombianos serán desplegados como parte de la fuerza de la OTAN, pero bajo las órdenes de la fuerza militar que España tiene en Afganistán. El contingente estará integrado por militares de fuerzas especiales con gran experiencia en combates. De otra parte, movimientos sociales y partidos de oposición al Gobierno en Panamá, denunciaron la presencia de tropas de Estados Unidos en labores de patrullaje en la frontera con Colombia. La denuncia, que ha sido documentada con fotografías, obligó al Gobierno del presidente Ricardo Martinelli a aclarar públicamente que la presencia de militares estadounidenses está relacionada con un proyecto de asistencia cívica humanitaria, a cargo del Comando Sur. Semanas atrás los movimientos sociales han denunciado el emplazamiento en suelo panameño de hasta ocho bases militares de Estados Unidos, hecho que el Gobierno trata de restar importancia diciendo que son solo cuatro y que responden a un acuerdo de cooperación bilateral, en el que la soberanía no está cuestionada. Semana, Caracol – Radio, Telesur – Tv, La Prensa – Panamá, Crítica Libre – Panamá, 22 – 27/05/10

Fuerte impacto han causado las declaraciones de un ex mayor de la Policía Nacional ante un grupo de juristas internacionales, acusando a un hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez de montar y dirigir una banda paramilitar denominada “los Doce Apóstoles”. Juan Carlos Meneses Quintero, el ex oficial aseguró que Santiago Uribe Vélez, hermano menor del presidente, dirigió la organización paramilitar durante la década de los 90 en la región del municipio de Yarumal, donde cometió numerosos crímenes con la complicidad de la Policía Nacional destacada en esa región. La denuncia de Meneses Quintero fue difundida por diarios de prensa como Página 12 de Argentina y The Washington Post de EEUU, lo que ha generado malestar en la Casa de Nariño (palacio presidencial) y en círculos familiares y cercanos al presidente Uribe, quienes defienden a la familia del presidente y aseguran que el denunciante ha sido pagado para desprestigiar al mandatario en medio de la actual coyuntura electoral. Por su parte el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, uno de los receptores de la denuncia, dijo que pondrá en manos de las autoridades judiciales colombianas la denuncia, pero que acudirá a la Corte Penal Internacional en caso que la Justicia colombiana decida no investigar los hechos denunciados. Entretanto, un grupo de madres y esposas de 3.000 civiles que fueron asesinadas por el Ejército, para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combate entre los años 2002 y 2009, enviaron una carta al Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Prieto Ocampo, en la que denuncian la falta de garantías judiciales en los procesos que se llevan a cabo por los llamados “falsos positivos”. Piden a la CPI que intervenga en la investigación de los hechos, toda vez que no existe en Colombia la voluntad política necesaria para investigar y castigar a los criminales. Los familiares denuncian que cerca de 50 militares altamente involucrado en los crímenes han sido excarcelados por “vencimiento de términos”, lo que equivale a una garantía de impunidad. El Espectador, El Clarín – Argentina, Página 12 – Argentina, CMI – Tv, 22 – 27/05/10
Los desplazados del departamento de Córdoba, denunciarán al gobierno colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento con las atenciones que la ley y las decisiones judiciales le ordenan. Oscar Emilio Zuluaga, uno de los líderes afirmó que tiene en su poder 575 sentencias a favor de los desarraigados, de las cuales ninguna ha sido cumplida por parte del gobierno. Zuluaga reclamó la devolución de las tierras usurpadas y oportunidades para trabajar. Entretanto, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, en su último informe revela que durante el año 2009 fueron asesinados en Colombia 32 defensores de derechos humanos y 142 mas sufrieron otro tipo de agresiones entre los que destacan 99 amenazados, 17 víctimas de atentados, 15 detenciones arbitrarias, 1 torturado, 3 heridos y 10 procesados judicialmente sin fundamento. El estudio muestra que solo el 9% de los casos es atribuible a las guerrillas, mientras que el 18% es atribuible a instituciones estatales, el 47% al paramilitarismo y en el 26% no se ha podido establecer la autoría. Mientras tanto, en el curso de la semana fueron asesinados dos defensores de los derechos humanos. Se trata de Alexander Quintero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, quien fue asesinado por sicarios, en la población de Santander de Quilichao. Días antes el líder cívico había sido amenazado de muerte por la organización paramilitar de las “Águilas Negras”. El segundo caso es el de Rogelio Martínez, líder campesino y miembro activo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) quien fuera asesinado por desconocidos en el departamento de Sucre. El dirigente campesino también había sido amenazado por paramilitares. Por su lado Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que los líderes asesinados participaban en procesos de restitución de tierras para víctimas del desplazamiento forzado, y aseguró que el Estado colombiano está en la obligación de tomar medidas contundentes para proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, Radio Santa Fé, El Meridiano – Córdoba, El País – Cali, 22 – 27/05/10
Fuentes de la Procuraduría General de la Nación anunciaron que el Ministerio Público ha decidido citar al presidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de testigo, por ahora, en el marco de la investigación por las interceptaciones y actos delictivos del DAS contra periodistas, opositores al Gobierno, sindicalistas, Magistrados y otras personalidades. El mandatario responderá por escrito un cuestionario. Finalmente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, incluyó en la lista de grupos armados que violan los derechos de la infancia a las guerrillas colombianas de las FARC y del ELN. Estas organizaciones aparecen en los últimos cinco informes como violadores persistentes, condición para ser metidos en la lista la cual será enviada al Consejo de Seguridad de la ONU. Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Siglo, 22 – 27/05/10