El Estado de Cosas Inconstitucional frente al Desplazamiento Forzado
Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía

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Hace más de seis años, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la población desplazada en el país. Figura jurisprudencial que obliga al Estado colombiano a materializar, por medio de políticas públicas, reordenamiento institucional y disponibilidades presupuestales adecuadas, el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Población vulnerable que, en el papel, tiene todas las garantías de protección consagradas en tratados internacionales, leyes y sentencias anteriores, pero que han sido reiterada y estructuralmente violadas durante todos estos años en una actitud de desacato, desinterés y apatía gubernamental ante la mayor tragedia humanitaria y social de todo el continente americano.
Éste Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, no estipula nuevos derechos, ni garantías para la población víctima del despojo y el desarraigo, simplemente evidencia la incompetencia estructural del gobierno para hacer frente a un problema que afecta los derechos fundamentales de más de cuatro millones de colombianos y toma medidas judiciales al respecto, actuando dentro de una competencia ampliada de juez de tutela dada la magnitud de la violación que se presenta. Actuación que pretende proteger a las personas más vulnerables en su mayoría madres cabeza de familia, niños y niñas y con un alto porcentaje de población indígena y afro-descendiente; seres humanos que durante todos estos años han sufrido, en el marco del conflicto armado interno, no sólo la desprotección del Estado, que los llevó mayoritariamente a abandonar sus hogares en el campo para huir a las urbes, sino también la indolencia gubernamental y la falta de voluntad política para restablecerles un mínimo de dignidad por medio del acceso a un conjunto de derechos que les garantizara su subsistencia.
De esa evidencia irrefutable que se constatan en los semáforos, en los escandalosos índices de desplazamiento en los 8 años de seguridad democrática, en las cifras de pobreza e indigencia de las víctimas de este crimen de lesa humanidad y en la actitud mezquina de entidades como Acción Social, dedicadas más a la politiquería que a la atención de las familias caídas en desgracia por la violencia, es que la Corte parte para declarar la anormalidad constitucional y desarrollar el proceso de seguimiento para verificar que, con la sentencia T-025, no pasará lo mismo que con las leyes, las anteriores sentencias y los tratados internacionales de derechos humanos y DIH, que los gobierno elogian en sus discursos pero excluyen a la hora de definir sus prioridades en la política pública.
Los ataques al ECI y la solicitud de su levantamiento
A pesar de la actitud de indiferencia y desprecio que, en estos ocho años, varios funcionarios gubernamentales expresaron por las víctimas del desplazamiento forzado, a las que han llamado sarcásticamente desde migrantes internos (José Obdulio Gaviria) hasta mafias de limosnas del Estado (Fabio Valencia Cossio), los avances realizados durante este período, en el marco del proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia T-025, no son nada despreciables; más, si se comparan con los antecedentes de abandono estatal frente a esta tragedia humanitaria antes de existir la Tutela constitucional especial generada por el ECI.
Pero, sin embargo, son avances que se quedan cortos frente a la gran deuda que el Estado tiene con la población desplazada, y por ende, se constata la incompetencia estructural del gobierno saliente para atender en debida forma el fenómeno del desplazamiento hasta el momento. Por esto, se debe negar la pretensión de levantar el ECI por el supuesto cumplimiento de las órdenes de la Corte y sancionar el desacato de los funcionarios del alto gobierno que desatendieron las indicaciones judiciales. Además, en la prioridad de no retroceder en la configuración de un modelo de país respetuoso de los derechos humanos y responsable por la angustiosa situación de las víctimas del conflicto armado interno, sería un mal mensaje levantar el ECI en medio del proceso de empalme con un nuevo gobierno, que tiene como una de sus principales retos la superación de las condiciones de vulnerabilidad extrema de la población desplazada por la violencia. Más, cuando siendo un problema de incapacidad institucional y de precariedad presupuestal, es el nuevo Plan de Desarrollo y una posible política de Estado para las víctimas el camino idóneo para que, en el marco de la cooperación armónica de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial fijen la forma en que se supere el ECI y se logren los garantías mínimas para la población desplazada.
Con argumentos como la intromisión de la Corte en la política pública, la violación del equilibrio de los poderes, la temporalidad limitada del ECI y su similitud con un estado de excepción pero sin reglamento claro y sin controles por los otros poderes públicos, el gobierno saliente ha desatado una guerra doctrinal contra el ECI y por ende contra los alcances de la tutela social, planteando un conflicto entre el gobierno entrante y el poder judicial que no debe ser tenido en cuenta dado el nuevo aire de cordialidad y cooperación que está construyendo el presidente electo, Juan Manuel Santos.
Para tan sólo dejar planteado el debate podemos afirmar que se equivoca el gobierno al acusar de esa manera a la Corte, ya que, el Tribunal no ha dictado en ningún momento política pública, ha evidenciado su ausencia y ha exigido su adopción con criterios de efectividad para lo cual hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, dados los múltiples desacatos a anteriores sentencias, incumplimiento de la ley y apatía por implementar las disposiciones y parámetros contenidos en múltiples tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tampoco ha prorrogado por capricho o irresponsabilidad el ECI, o se puede inferir que su larga duración es síntoma de ineficacia de la figura, todo lo contrario, esto evidencia la incapacidad del gobierno saliente por superar la situación y cumplir la Constitución y la ley. Menos aceptable es considerar el ECI como una situación que otorga poderes extraordinarios a la Corte, comparándolo con los estados de excepción que concentran poderes en el ejecutivo y permiten restringir derechos, por el contrario, el ECI simplemente desarrolla las funciones del juez de tutela pero con efectos colectivos, dada la magnitud en la violación generalizada de los derechos en el marco de una situación de anormalidad, como es el conflicto armado, que a fuerza de la costumbre hoy se presenta como cotidiano. Por esto, el ECI no concentra poderes en la Corte y mucho menos restringe derechos, por el contrario pretende que no se violen generalizadamente las garantías fundamentales ordenándole al Estado el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Por esto, resulta paradójico que el gobierno saliente, por medio de un informe presentado a la Corte Constitucional el pasado 1 de julio, pretenda no sólo que se levante el ECI frente a los derechos de la población desplazada, aduciendo el cumplimiento total en materia de prevención, protección y atención de las víctimas, sino también, desvirtuar y dejar sin piso la figura jurisprudencial del ECI, con una doctrina liberal ortodoxamente legalista, que colocan por encima del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de la guarda fundamental de la Constitución del 91, que es la principal función de la Corte. Doctrina, por lo demás, ajena al concepto de Estado Social de Derecho, donde una característica esencial es la consideración de los derechos subjetivos colectivos y la integración de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales y, por ende, tutelables.
De ahí, que la nueva postura jurisprudencial de la Corte promulgue por el respeto al Estado Social de Derecho, que ha sido remplazado de facto por otro diferente signado por el neoliberalismo y el economicismo deshumanizado. Sentencias como la que exige el restablecimiento de los derechos de la población desplazada (T-025 de 2004), o la que obliga al acceso al Plan Obligatorio de Salud en igualdad de condiciones para todos los colombianos (T-760 de 2008) o la que ordena la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica (C-376 de 2010) van en la vía de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable en Colombia, y por ende, se convierten en acciones judiciales democráticas que promulgan por la inclusión social por encima de la doctrina neoliberal de la racionalidad del gasto; que, por supuesto, será siempre en la práctica para el gasto social, más no para el militar, el suntuario o el entregado sin consideraciones a los sectores más ricos de la sociedad.

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El reto de la seguridad para el nuevo Gobierno
Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía
Más allá de mantener militarizadas las carreteras, sostener la red de informantes y las recompensas y consolidar la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional, no se espera mayor continuidad en las acciones y filosofía de la seguridad democrática uribista por parte del presidente electo Juan Manuel Santos; quien, con su casta familiar, experiencia de tres ministerios -incluido el de defensa en la era Uribe- y el alto conocimiento académico y político adquirido durante largos años, sólo tenía una meta que lo obsesionaba en la vida: llegar a la Presidencia de la República. Por esto, sería absurdo que, ya en el poder, se vaya a dedicar a “cuidar los huevitos de Uribe”, frase que además detesta junto a toda la jerga burda y comportamientos sin “clase” del mandatario saliente. Futuro ex Presidente al que le debe el haber allanado el camino de su victoria, pero que no considera su compañero de viaje y mucho menos su guía espiritual o política.
Para empezar, todo parece indicar que el nuevo gobierno retornará a una política de seguridad que parta del reconocimiento de un conflicto armado y abandone el concepto uribista que reducía todo a una amenaza narco-terrorista, entrando, además, en sintonía con la nueva doctrina de seguridad internacional del presidente Obama que dejó a un lado el concepto de lucha antiterrorista. Por esto, se lee de su propuesta que: “En el 2014 se derrotarán los grupos armados ilegales y se terminará el conflicto armado”. Y más adelante fija mayor distancia con el proyecto de Uribe de venganza a muerte contra las FARC y manifiesta: “No cerraremos la puerta a una negociación con los grupos armados, pero sin impunidad por los delitos cometidos y sin concesiones políticas a los violentos”.
Tampoco es de esperar que Juan Manuel Santos continúe con la política de Uribe de estigmatización contra la oposición política y social y mucho menos que de continuidad a los ataques criminales contra las cortes, los medios de comunicación, las ONG y hasta la comunidad internacional, que cayeron víctimas de la paranoia gubernamental en la extensión de su guerra antiterrorista contra todo aquel que disintiera de su gobierno. Sin embargo, y mientras subsista la ofensiva para el debilitamiento o exterminio militar de las FARC, si se prevé que continuarán los abusos contra la población campesina, indígena y afro inmersa en los territorios en conflicto (capturas masivas, desplazamientos, fumigaciones, etc.), pero con mayor control y veeduría por las violaciones de los derechos humanos, ya que, Santos, se siente obligado a limpiar internacionalmente su imagen por el escándalo de los falsos positivos.
De su experiencia, como el Ministro de Defensa (2006-2009) más exitoso del Gobierno saliente, Santos sabe que el cartucho político de lucha contra las FARC está agotado y que la enorme cantidad de recursos que demanda la guerra (4,6% del PIB) son insostenibles en el tiempo y menos ahora que la prioridad norteamericana está en otro lado y la disminución de la ayuda es inevitable. Por esto, y de la mano de su Vicepresidente Angelino Garzón, amplio conocedor de las FARC y que como gobernador del Valle fue el gran promotor de una zona desmilitarizada de encuentro con ellas en Florida y Pradera, Santos de tener la oportunidad de pactar la paz, la hará; ya que, de conseguirla, marcará su propio sello para la historia de Colombia.
Este escenario, aunque probable en la era Santos, va a tener enormes dificultades. Primero, el mismo Álvaro Uribe y los sectores uribistas, se convertirían en opositores de la iniciativa y la mostrarán como una traición a la Seguridad Democrática; por esto, el discurso de Unidad Nacional con el que llegó Santos al poder no se puede quedar en simple retórica, sino que debe recoger, como lo ha prometido, las iniciativas y apoyos necesarios para lograr una concertación de grandes alcances para el país. Y es desde aquí que toma sentido el llamado de Santos a sectores tan lejanos como el Polo Democrático, que junto al pacto político firmado con un sector mayoritario del partido liberal desataron la ira del mandatario saliente.
Segundo, las mismas FARC no van a ver con buenos ojos un pacto político con un miembro de la “oligarquía” que dicen combatir; además, su reencauche internacional construido sobre los abusos de poder de Álvaro Uribe, las violaciones a los derechos humanos y el aislamiento latinoamericano al que postró a Colombia en sus dos gobiernos consecutivos, les ha dado oxigeno político para seguir en armas con la venia de sectores de izquierda de países vecinos. Ante esto, es de la mayor importancia el trabajo que desde la cancillería se realice para restablecer prioritariamente las relaciones con Venezuela y Ecuador, y posteriormente avanzar en la consolidación de un bloque latinoamericano por la paz en Colombia que incluya a Brasil, Argentina y Perú, entre otros. Santos, si se mueve táctica e inteligentemente, puede construir hoy un escenario propicio para sentar a las FARC a negociar dada su debilidad militar y su probable cercamiento diplomático y social.
Tercero, la justicia internacional y las exigencias de verdad, justicia y reparación; pueden llegar a ser un obstáculo importante a la hora de plantear un proceso de paz, ya que, en el marco del conflicto colombiano son innumerables los crímenes de lesa humanidad cometidos por las guerrillas, los grupos paramilitares (hoy llamados bandas emergentes) y la fuerza pública. Procesos de paz, como en el pasado, bajo marcos de indultos y amnistías, hoy son literalmente imposibles a la luz del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por esto, y bajo un modelo de justicia transicional se deberán construir marcos legales para cada caso específico en la búsqueda de un gran acuerdo de paz donde se incluyan a todos los actores del conflicto (guerrillas, paramilitares y fuerza pública), que de no tenerse en cuenta sus especificidades jurídicas y expectativas políticas y sociales, serán a su vez piedras en el zapato de un posible acuerdo de reconciliación nacional. Acuerdo que deberá reclamar toda
la verdad, exigir la reparación integral de las víctimas y tranzar penas alternativas moderadas en aras de poner fin al desangre de la nación.
Si el nuevo Gobierno quiere lograr la paz -sea por la vía militar, por el diálogo o por una equilibrada dosis de las dos- el gran acuerdo nacional que se propone liderar el presidente Santos no debe dejar por fuera de sus iniciativas a las víctimas del conflicto, que fue una de las mayores falencias de la política de seguridad democrática. Los más de cuatro millones de desplazados, las familias de los desaparecidos, las víctimas de masacres, minas anti-persona, y múltiples violaciones deberán ser tenidas en cuenta para protegerlas, atenderlas, restituirles sus derechos, repararlas y garantizarles que jamás se les volverá a violar su dignidad e integridad humana. También es inaplazable en la búsqueda de la paz, cerrar las enormes brechas de pobreza y miseria que sufre el país, y en esto, el electo presidente Santos se ha comprometido en un ambicioso plan para generar 3 millones de empleos formales y, junto a programas sociales, sacar a 7 millones de colombianos de la pobreza y a 4 millones de la indigencia.
Por otro lado, va a ser una prioridad inaplazable para el gobierno de Santos, hacerle frente a la inseguridad de los centros urbanos y el crecimiento desaforado de bandas juveniles, pandillas y organizaciones delictivas de todo tipo. Combatir de forma radicalmente diferente el problema del narcotráfico, ya que, después de una inversión por parte de EEUU de más de cinco mil millones de dólares desde 2001 y de afectar con las fumigaciones el medio ambiente, la salud y la vida de miles de campesinos colombianos, el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por su sigla en inglés), dice que Colombia es el mayor productor de coca del mundo, con una producción de 149.391 toneladas y 68.000 hectáreas sembradas; y por último, restablecer las relaciones armónicas con la rama judicial, a la cual deberá, además de retornarle el respeto y la autonomía, apoyarla en su fortalecimiento para combatir los altos índices de impunidad que hoy aquejan al país y que son reproductores sociales de la violencia cotidiana.
Como podemos ver, en medio de enormes promesas y grandes retos comenzará el nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto, pero tan sólo con que se abandonen las prácticas criminales de chuzar a la oposición, perseguir y amenazar a los jueces, violar los derechos humanos de los colombianos por la búsqueda irresponsable de resultados, conspirar desde Palacio con representantes de la mafia y colocar los organismos de seguridad al servicio de los intereses del gobernante y no del país, ya habremos avanzado bastante hacia una Colombia más segura y un Gobierno respetuoso de las instituciones y afecto a la democracia.

Entre huevos y serpientes
José Hilario López Rincón
Abogado Corporación por la Dignidad Humana

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El uribismo, es decir Álvaro Uribe Vélez y su comparsa de bufones, como lo hacen las serpientes, optó por mudar de piel en los estertores de su mandato ilegítimo, ilegal y corrupto. Ahora se arrastran y arrastran al país hacia el abismo de la “unidad nacional” bajo la máscara del santismo.
La gran prensa se ha encargado de crear un falso ambiente de expectativa y renovación, justo apenas para el padre de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente, esa misma gran prensa denomina los más de dos mil asesinatos de jóvenes indefensos cometidos por el heroico Ejército de Colombia.
Amparados en la sombra fascinante de los 9.004.221 votos, logrados por Juan Manuel Santos Calderón en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de mayo de 2010 y presentados como: “votación histórica” o “triunfo contundente”, quieren hacernos creer que el neo uribismo santista es dueño de las mayorías del país y titular de un cheque en blanco que la sociedad colombiana supuestamente les entregó. No hay tal. Las mayorías de la sociedad colombiana siguen siendo las masas indiferentes, desorganizadas y sin rumbo que conforman el abstencionismo en Colombia y llegan al 55.6% del censo electoral (29.983.279 electores). Así las cosas, la “votación histórica”, el “aplastante triunfo” es tan sólo del mísero 33.29% sin adentrarnos en un análisis cualitativo de la votación. ¿En dónde están las mayorías?
Pero no hay que dejarse engañar. El santismo como encarnación del neo uribismo, al igual que las serpientes, escasamente se desprendió de la vieja piel. Por unos días, mientras pasaba el tiempo de las elecciones, hicieron a un lado al genio que inventó la piñata pre electoral llamada: Agro Ingreso Seguro, silenciaron las grabaciones de las “chuzadas” contra magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos; acallaron los insultos contra el poder judicial…Pero nada más. El resto de la serpiente sigue ahí, intacta y desafiante. La columna vertebral del paramilitarismo y sus poderosos músculos, que le permiten moverse, capturar a sus presas y engullirlas, se mantiene. Las glándulas venenosas siguen allí, dispuestas a escupir con sus letales diatribas a quien intente, siquiera, pensar diferente. La peculiar mandíbula que abrió la víbora para tragarse enteros y de una sola tarascada cerca de 50 empresas, liquidadas sin fórmula de juicio, entre las que se destacan Bancafé, Telecom, ISS, Ecopetrol, Ecogás, Granahorrar; Electrificadoras de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander; Caja
Nacional de Previsión Social, Incora, Inat, IFI, Carbocol y Minercol, permanece abierta, dispuesta a devorarse también a la Corte Suprema de Justicia.
Y lo que es peor, deja cientos de huevos incubándose en oscuros rincones de embajadas, ministerios, notarías, institutos descentralizados, el Congreso de la República y, especialmente, tres de ellos, en el tenebroso sótano de la Casa de Nariño, justo detrás de la puerta por donde entró amparado en las sombras de la noche el paramilitar alias “Job”, emisario del otro paramilitar, alias “Don Berna”, para reunirse con Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, secretario jurídico y de prensa de la presidencia, respectivamente.
Juan Manuel Santos Calderón, en plena campaña promesera asumió públicamente el especial encargo de enclocar los tres huevos de Uribe Vélez. Hasta Mockus, renegado visionario, en medio de su delirio “facebookiano” también dijo en su momento estar capacitado para cuidar los fenomenales como manoseados huevos.
A pesar del cambio de piel y hasta de nombre, la serpiente sigue siendo la misma. No importa si se llama uribismo o santismo; si de cariño le dicen “seguridad democrática” o “prosperidad democrática”, o si traman a la opinión con el señuelo de la “unidad nacional”.
Transcurrido escasamente un mes después de las elecciones, se vislumbra que la cacareada “unidad nacional” es un deprimente tropel de famélicas camarillas politiqueras, que no partidos políticos, disputándose a pico y espuela las migajas burocráticas que el neo uribismo santista ha de dejar caer de la mesa del poder. En la rebatiña por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes ya vemos a los avarientos conservadores, los esqueléticos liberales; los opulentos de la banda, que no Partido, de la U; los jactanciosos del Cambiazo Radical y los agazapados del PIN. Esas son las “mayorías absolutas” de la coalición de la “unidad nacional” del neo uribismo santista que gobernará a Colombia durante el período 2010 – 2014, claro, si no les da por reelegirse.
No se puede perder el rumbo. La serpiente cambia de piel, pero el resto de su cuerpo se mantiene. El cambio de piel de la serpiente da cuenta de su buen estado de salud. De ello dan cuenta los últimos episodios.
Para no llamarse a engaños, Juan Manuel Santos Calderón anunció en campaña que propondría que el Fiscal General de la Nación fuera nombrado por el Ejecutivo, es decir por él. Y para no llamarse a engaños, Uribe Vélez anuncia la presentación del proyecto correspondiente antes de terminar su mandato ilegítimo e ilegal. De prosperar semejante exabrupto en una democracia, pero absoluta delicadeza en una tiranía, cruzaremos los límites que separan a un Fiscal de bolsillo y a un Fiscal de entremés. Resulta inimaginable un Fiscal nombrado por Uribe Vélez o por Santos Calderón “investigando” las ejecuciones extrajudiciales, los parapolíticos, las chuzadas del DAS, la olla podrida de Agro Ingreso Seguro.
Como gran cosa, Santos Calderón resucitará los Ministerios de Justicia y del Trabajo, los mismos que Uribe Vélez acabó en su momento.
Luego de la condena en primera instancia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de once civiles tras la retoma del Palacio de Justicia, Uribe Vélez propuso impulsar una ley que permita “proteger” jurídicamente a los miembros de las Fuerzas Militares.
El martes 29 de junio, con el resuello de la agonía del poder sobre la nuca, Uribe Vélez amenazó al país con declarar el estado de conmoción interior para la justicia, supuestamente para frenar el impacto de las bandas emergentes del narcotráfico y evitar la excarcelación de peligrosos criminales. Al final de la tarde manifestó que durante los días siguientes el Consejo Nacional de Política Criminal continuará con el análisis del tema.
Para entender tales reacciones del agonizante régimen de Uribe Vélez debemos saber que en estado de muda, a las serpientes no les gusta que las manipulen y aumentan su temperamento al sentirse vulnerables.
Comprensible, desde ese punto de vista, la irascibilidad del mutante moribundo. Ya de salida se siente vulnerable y sus ojos se han tornado blanco azulado debido a que entre la piel vieja y la piel nueva se forma una sustancia lechosa que facilita el desprendimiento de la vieja piel de ocho largos y vergonzosos años. Los expertos aconsejan no tocar a la serpiente para no dañar la nueva piel.

CORTE INTERAMERICANA CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL

ULTIMO SENADOR ELECTO DE LA UP MANUEL CEPEDA.

Bogotá D.C. y Washington D.C., 23 de junio de 2010. La Corte Interamericana de

Derechos Humanos, en una sentencia histórica estableció la responsabilidad

internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder

político, comunicador y último senador electo de la Unión Patriótica UP y el Partido

Comunista Colombiano PCC, Manuel Cepeda Vargas. Es la primera sentencia de la Corte,

relativa al homicidio de un líder de oposición en Colombia, en la que además se

aborda el exterminio de la Unión Patriótica. En esa medida, el fallo constituye una

contribución a la construcción de la memoria y esclarecimiento histórico de la

comisión de crímenes de Estado en Colombia.

En su sentencia, el Tribunal Interamericano, consideró que el asesinato del senador

Cepeda, perpetrado el 9 de agosto de 1994, se produjo en un contexto de amenazas y

hostigamientos permanentes por sus posiciones políticas, de desprotección por

parte de agentes estatales y de violencia sistemática ejercida contra la UP, dada

la intención de atacar y eliminar a sus miembros e incluso simpatizantes. Enfatizó

la Corte que en este escenario las declaraciones de funcionarios que vincularon a la

UP y al PCC con las FARC, colocaron a los miembros de la UP en una posición de

mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que se encontraban

(párr.85).

La Corte destacó la importancia de las voces de oposición para la democracia, y la

obligación estatal de generar condiciones y garantías para su real participación en

el debate público. En este sentido, estableció que la ejecución extrajudicial de un

oponente por razones políticas no solo implica la violación de diversos derechos

humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de

Derecho, y vulnera directamente el régimen democrático (párr. 177).

Para el Tribunal, las acciones de estigmatización han recaído también sobre los

familiares del senador Cepeda y los ha expuesto a continuar recibiendo

hostigamientos y amenazas (párr. 209). Al respecto, la Corte valoró los

pronunciamientos emitidos durante la campaña de reelección presidencial de Álvaro

Uribe Vélez en el año 2006 y trajo a colación el pronunciamiento de la Corte

Constitucional Colombiana (T-959) en el que reconoció que la difusión de ciertos

mensajes a través de medios masivos de comunicación menoscabó el buen nombre y la

honra del señor Iván Cepeda Castro, en cuanto hijo de una de las víctimas de la

violencia política del país y que los mencionados derechos también se han violado a

sus familiares (párr. 206).

Aunque el Estado colombiano ya había reconocido parcialmente su responsabilidad

frente a la ejecución extrajudicial del senador Cepeda, la Corte dio por probados

hechos que el Estado se negaba a aceptar, entre ellos la existencia de una

estructura organizada que determinó, planificó y llevo a cabo la ejecución del

senador Cepeda Vargas (párr. 101), en la que habrían participado agentes estatales

como autores intelectuales, así como jefes y miembros de uno o varios grupos

paramilitares (párr. 114), quienes habrían actuado en coordinación para perpetrar el

crimen.

Frente a esta estructura compleja de participación criminal, la Corte determinó que

el Estado colombiano está obligado a desentrañar las estructuras que permitieron

las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias (párr. 118), al

tiempo que determinar los patrones de actuación conjunta y todas las personas que

de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes

responsabilidades (párr. 119). Ello implica atender a la comunidad de prueba

presente en otras investigaciones relativas a asesinatos, hostigamientos y amenazas

de otros líderes, representantes e incluso candidatos presidenciales de la UP (párr.

120).

A propósito del proceso de desmovilización paramilitar y en consideración a la

extradición de varios jefes paramilitares que cuentan con información relevante

acerca del crimen del senador Cepeda, la Corte estableció que el Estado colombiano

tiene el deber de desarrollar con mayor diligencia y coherencia las labores de

individualización, identificación e investigación (párr. 164) de los beneficiarios

del proceso, al tiempo que señaló claramente que la aplicación de figuras como la

extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la

impunidad, en tanto un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a

los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos

mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las

obligaciones pertinentes(párr. 166). Al respecto, el Tribunal Interamericano acoge

la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana en la

materia.

Con fundamento en los hechos probados, la Corte Interamericana determinó la

responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano frente al derecho a la

vida, integridad personal, derechos políticos, derecho de asociación, libertad de

expresión, honra y dignidad, libertad de circulación y residencia, garantías

judiciales y protección judicial del senador Cepeda Vargas y sus familiares.

Finalmente y derivado de lo anterior, la sentencia ordena al Estado colombiano

adoptar una serie de medidas de reparación que incluyen la publicación de la

sentencia, la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la

vida política, periodística y rol político del Senador Cepeda, el establecimiento

por una vez de una beca integral con el nombre de Manuel Cepeda Vargas para

comunicadores y la realización de un acto público de reconocimiento de

responsabilidad estatal en el Congreso de la República, con miembros de las dos

cámaras y de las más altas autoridades del Estado.

Los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de

Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), hacen un llamado al Estado colombiano para que el espíritu de esta sentencia se proyecte en la adopción de garantías de no

repetición, particularmente en la consolidación de un régimen en el que la libertad

de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y la oposición,

gocen de protección, plenas garantías para su ejercicio, y sean concebidos como una

contribución a la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en

Colombia.